Como un cuento de nunca acabar. Pese a que ayer se esperaba la aprobación definitiva de la reorganización de deudas de Subus, proceso que inició en junio de 2016, esto no se pudo concretar luego que se suspendiera la cita prevista a la espera de mayores antecedentes del cierre de la negociación con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Esto porque si bien ya está acordado el pago en cuatro años de $ 38 mil millones a la compañía como resultado de la renegociación extraordinaria que fijó un reajuste en el valor del pasajero transportado, el acuerdo establecía la posibilidad de que el aporte de recursos pudiera realizarse en un tiempo más acotado.
A la espera de estos nuevos antecedentes, los acreedores de la compañía decidieron suspender la junta, ya que hasta el cierre de esta edición no había llegado a la compañía.
Aunque en términos gruesos la propuesta está clara, falta definir algunos detalles más bien operativos de las condiciones de pago.
Los próximos pasos de Alsacia
Respecto de las otras empresas que se acogieron a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento el viernes, Alsacia y Express Santiago, firmas controladas por capitales colombianos, ellas están a la espera que se acoja la solicitud ingresada al 11° y 20° Juzgado Civil de Santiago, para luego definir el veedor del proceso.
Serán principalmente los tenedores de bonos quienes definirán el futuro del proceso que lleva adelante el abogado especialista en quiebras, Esteban García, socio del estudio GarciaMagliona.
Actualmente la deuda de Alsacia con los bonistas asciende a los US$ 360 millones, deuda que es extensible a Express, que actuó como aval de la compañía. Otros deudores son el Banco Internacional y BNP Paribas y las empresas Scania y Volvo.
Ellos deberán decidir el veedor del proceso, entre los cuales se propuso a Patricio Jamarme, Francisco Cuadrado y María Loreto Ried.
A partir del ingreso en tribunales, los acreedores tendrán treinta días para además certificar sus deudas.
Ambas operadoras acusaron deudas por $ 2.900 millones por parte del gobierno.
Esta cifra se descompone de la siguiente manera: Express pide una suma de $ 1.986 millones y Alsacia de $ 930 millones por impugnaciones no resueltas en dos años.
Falta de buses
Otro de los reclamos que develaron en los escritos presentados a la justicia, fue la falta de aprobación de flota que permita cumplir con los recorridos asignados.
Según precisa la compañía, en octubre de 2015, la autoridad reconoció que a Alsacia le faltaban 49 buses, mientras que Express, 84. Estas cifras -argumentaron- les impedían cumplir con la regularidad y frecuencia exigida en los planes de operación. Pese a ello, acusaron que el Ministerio aplicó multas sin considerar el déficit de flota.
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