La operadora colombiana del Transantiago, Alsacia, está decidida a dar la pelea en todos los frentes para no quedarse abajo de la licitación que podría darle continuidad a sus operaciones y, de esta forma, asegurar recursos que le permitan cumplir con los compromisos financieros con sus bonistas.
A la demanda arbitral que interpusieron sus accionistas ante el Ciadi por incumplimiento de contrato (ver nota relacionada), ahora la empresa activó su estrategia a nivel local para pujar por mantener el control de su unidad de negocios, que hoy opera 733 buses, equivalente a 11% del sistema, y que es considerada una de las más atractivas del concurso, ya que funciona sobre el eje Alameda.
La compañía ingresó el viernes una solicitud a Contraloría para que defina si podrá ser excluida de la licitación que busca asignar contratos para el período 2018-2028.
La ministra de Transportes, Paola Tapia, fue tajante hace unos días cuando señaló que esta firma sería la única que no podrá participar del proceso, dado que no cumple los requisitos mínimos.
“Hay muchas empresas que han hecho una muy buena gestión. En el caso de Alsacia, se encuentra bajo el 80%, que es el mínimo exigido, y esa es la razón por la cual no estaría la posibilidad de que postulen en el nuevo proceso de licitación”, ha señalado la ministra.
La firma tuvo una regularidad promedio de 78,5% en 2016. Este indicador mide el intervalo de tiempo entre buses, evitando largos tiempos de espera en paraderos.
Para la compañía, esta no es razón suficiente para “dejarla fuera por secretaria”. “Es indudable que si lo informado por la máxima autoridad del sector transportes en nuestro país resulta ser efectivo, se trata de una decisión irregular y anti jurídica, pues vulnera principios y normas claras de nuestro ordenamiento”, precisa el documento ingresado a Contraloría.
El argumento que está de fondo es que las bases aún están en trámite de toma razón, por lo que no tienen su resolución definitiva. Otro de los puntos que argumenta la empresa es que el indicador se debe a que fue la autoridad la que redujo su flota, lo que hizo imposible cumplir con los planes de operación.
Alsacia asegura tener un déficit de 49 buses y, pese a que estos fueron reconocidos por la autoridad el último trimestre de 2015, nunca se ha corregido ni los planes operacionales que debe realizar, ni aumentar el número de buses, razón por la cual era imposible cumplir con los índices.
Resguardo de calidad
Para la ministra Tapia, este argumento no es suficiente, ya que el índice de regularidad aplicado como requisito en las bases de licitación, cuenta con la idoneidad técnica y busca resguardar la calidad del servicio en los nuevos contratos que se adjudicarán el primer trimestre del próximo año.
“Al Ministerio de Transportes le corresponde establecer reglas cuyo objetivo es resguardar la calidad y el interés público y, para eso, creemos que el índice de regularidad cumple con la idoneidad técnica y objetividad, aplicado por igual para todos, según establece el marco de la ley, especialmente teniendo en cuenta que la regularidad ya existe en los contratos de 2012”, explicó la autoridad.
Además, según Tapia la falta de buses no es razón suficiente para explicar los incumplimientos, ya que “no existe ningún impedimento contractual para que las empresas voluntariamente hagan aumento de flota”, puntualizó.
Gobierno inicia búsqueda de bufete internacional para disputa en el Ciadi
El pasado 20 de junio, la Cancillería respondió la propuesta de los socios de Global Public System (GPS), Carlos y Francisco Ríos, controladores de Alsacia y Expres Santiago Uno en el marco de la demanda arbitral que interpusieron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En la misiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó el esquema bajo el cual se regirá el arbitraje propuesto por los colombianos, quienes acusaron incumplimiento de los contratos del Transantiago.
Según trascendió, la Cancillería respondió "no estar en condiciones de aceptar dicha propuesta", para lo cual, explicaron, había un plazo de siete días para pronunciarse.
En la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), explicaron que esto implica un rechazo a la formalidad de cómo se abordará el proceso que propusieron los colombianos, y agregaron que cuentan con 75 días para responder la demanda interpuesta, que está amparada en el Tratado de Libre Comercio con el país cafetero. Dentro de este plazo se deberá resolver el mecanismo final bajo el cual se llevará el diferendo.
Para ello, la Direcon gatilló la búsqueda de un estudio que los represente ante el tribunal, el que aseguraron será internacional. Ya visitaron seis oficinas en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.
Una vez definido el bufete que los representará en el juicio, se elegirá un estudio local que apoye la defensa del Estado en Chile. En la Direcon explicaron que si bien ellos realizan la propuesta de los candidatos a cumplir estos roles, es un comité integrado por los ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores el que tiene la última palabra.
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