"Hay convicción absoluta en todo el país de que el agua tiene que ser prioritaria para el consumo humano y hay que generar no sólo la declaración en la ley, sino que el conjunto de facultades para que la Dirección General de Aguas (DGA) haga que así sea. Segundo, tiene ser un bien nacional de uso público y que eso no sea letra muerta". Estos son los principios fundamentales de la reforma al Código de Aguas, dice el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien lidera la tramitación en el Congreso de estos cambios.
-¿Por qué presentaron una indicación que no considera lo que se había avanzado la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara?
-No hay una intencionalidad al elegir la fórmula, sino que técnica legislativa. Teníamos la opción de que fuera de sustitución o sustitutiva, que fue la que hicimos, o aditiva, que era muy compleja legislativamente, porque teníamos que ir artículo por artículo. Sin embargo, con esto se sustituye por completo y el mismo parlamento, en caso de determinar que hay que hacer indicaciones, lo hace de forma inmediata. En todo caso, este proyecto recoge la discusión que estaba en la Cámara desde hace dos años. Los elementos sustantivos incluyen gran parte de este trabajo.
-¿Cuánto están dispuestos a ceder en la discusión?
-Acabamos de presentar el proyecto y creemos que vamos a tener una buena discusión parlamentaria y se recogerán las distintas opiniones que se puedan presentar.
Distintas convicciones
-Ud. dijo a la Comisión que en algunos puntos no compartían la misma convicción ¿En cuáles?
-Compartimos el espíritu y el fondo completo de lo que venía desarrollando la Comisión, sin embargo, creemos que hay cosas que tienen una mejor solución legislativa. Por ejemplo, en el caso de la prelación nos parece que esta ley debe establecer una prelación específica y nominativa, escrita en la ley, que es la del consumo humano por sobre todos otros usos. Hay algunos que pensaban que se debería establecer una lista, pero los otros usos los puede resolver la DGA si es que se produce un abuso, pero establecerlos en la ley respecto de los otros usos, era rigidizar.
-¿Por qué decidieron mantener las aguas del minero, cuando la moción parlamentaria consideraba su eliminación?
-La propuesta del ejecutivo no incorpora cambios a la situación actual en cuanto a las aguas del minero. Sin perjuicio de lo cual, en la discusión parlamentaria escucharemos los argumentos y en función de eso se tomará una decisión.
-¿Cómo prevendrán el abuso de este recurso observado por parte de algunas mineras?
-Gran parte de las regulaciones nacen de un abuso. Cuando hay un abuso el Estado tiene la obligación de defender y ahora se está dando mayores facultades a la DGA para hacerlo.
Mercado del agua
-¿Por qué optaron por mantener las transferencias de derechos, que permiten la existencia del mercado del agua?
-En la situación actual, el agua funciona como un mercado y, excepcionalmente, en casos muy pequeños, funciona el bien público. Queremos invertir el orden: primero el uso humano, segundo facultades para la DGA, para poder jugar su rol de limitación de derechos cuando sea necesario. (...) Que exista una transferencia es razonable y positivo, pero primero el bien público y después las soluciones de mercado.
-¿No tienen problema que exista un mercado entonces?
-Primero el bien público, y luego de ello, que opere un mercado, puede ser una forma razonable de asignación de recursos.
-¿Pero cómo se frena la especulación que predomina hoy?
-Hay tres caminos que incluimos en el proyecto para enfrentarla: primero la caducidad de esos derechos que no se usan. Un segundo mecanismo es el aumento de las multas o pago de patentes por no uso. Tercero, la obligación de inscribir todos los derechos en los conservadores de bienes raíces, de lo contrario, esos derechos vuelven al Estado.
-¿Será suficiente esto para terminar con la especulación?
-Esta ley apunta a que el agua sea usada correctamente. Quienes así lo hagan no tendrán ningún problema, ni cambiará su situación, pero los que no la utilizan y especulan con ella, le hacen mal a la cuenca, a los sectores económicos y a los usuarios.
-¿Qué pasará si la reforma al Código se aprueba antes que los artículos que someterán a Consulta Indígena?
-Nuevamente, es un asunto de técnica legislativa. Cuando esos artículos se ingresen al Código dependerá del trámite legislativo versus la demora de la consulta. Si el Código sigue en el parlamento, se hará una indicación aditiva que los incorpore. Si no, será una nueva modificación al Código.
-En la Comisión algunos dijeron que los plazos de caducidad son muy cortos...
-El conjunto de plazos tanto para la concesión como de caducidad son fruto de un estudio minucioso que hicimos de la realidad chilena y legislación comparada. Y son bastante razonables.
REFORMA CONSTITUCIONAL
La indicación del Ejecutivo deja dos temas pendientes: la Reforma Constitucional del Agua y los artículos que irán a Consulta Indígena. Sobre lo primero, durante su presentación ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, el miércoles, Undurraga dijo que aún no deciden el momento ni la forma en que realizarán este cambio. Sin embargo, hace unos meses, el mismo ministro dijo a este medio que la opción sería el proyecto que la Presidenta Michelle Bachelet presentó en su primer mandato. Consultado por este cambio, el titular del MOP se limitó a señalar que "hay una definición que está en nuestro programa de gobierno que es cambiar la Constitución, que es conocido por todos. Y por supuesto los temas de agua son parte de esa discusión. Ahora, el cuándo y el camino, son reflexiones que todavía están realizándose".
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