La práctica penal hoy en día es quizá una de las más cotizadas luego de los escándalos financieros del último tiempo. Pero no es el único hecho que ha generado movimientos en los estudios legales especializados en esta disciplina.
La transformación del derecho chileno y la revisión del nuevo Código Penal también ha motivado que varios estudios fortalezcan esta área. Uno de ellos es la firma Chaves, Awad, Contreras y Schürmann que recientemente sumó como socio consultor al reconocido académico, Antonio Bascuñán.
Según comentó a Diario Financiero, entre las motivaciones que lo trajeron de vuelta a la práctica en calidad de asesor -después de una vida dedicada a la academia-, menciona la etapa de cambios en el derecho local. "Tengo interés de participar de ello desde una perspectiva más compleja que la puramente académica", asegura.
Su cercanía al estudio liderado por Miguel Chaves viene desde hace varios años. Sin embargo, fue en 2013 cuando Bascuñán formó parte de la comisión asesora presidencial para un nuevo Código Penal que eligió este estudio para trabajar en su propuesta.
Es que el estudio Chaves, Awad; Contreras & Schürmann tiene un reconocido expertise en casos penales de alta complejidad, de hecho ha participado en algunos como La Polar y más tarde, asesoró a la Superintendencia de Valores y Seguros en el caso Cascadas.
Es desde esta vitrina que Bascuñán es bastante crítico. Dice que en el actual sistema frente a infracciones a la ley de Valores o en caso de delitos económicos lo primero que hace el Estado es aplicar multas administrativas y si gana en tribunales, después viene el Ministerio Público y sigue un juicio. "Eso es inaceptable, ningún país serio funciona de ese modo. En un país serio, si lo que está involucrado es la posibilidad de una pena, todo se junta en un juicio penal y el Estado se juega todas sus cartas en ese juicio, porque ahí es donde se encuentran las consecuencias más severas. El Estado no puede litigar por goteo, desde lo menos relevante a lo más relevante para ir votando de a poco la posición del investigado o acusado".
A su juicio, lo anterior hace que los casos sean largos, desgastante y caros, generando una litigación que no es "leal", puntualiza.
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