A un año de dictada la nueva ley que limita la responsabilidad de los usuarios ante fraudes bancarios, ya hay varias entidades financieras (como Santander y Banco Falabella) que han recurrido a la justicia para que se investiguen lo que denominan autofraudes.
La ley señala que cuando un cliente denuncia ante su banco un fraude, la entidad deben restituir el dinero al afectado en un plazo de 5 días hábiles –sin ningún tipo de análisis de por medio- cuando el monto es equivalente a 35 UF, esto es, $ 1.033.000.
Según una serie de querellas presentadas en las últimas semanas por el Banco Santander, desde el mes de enero de 2021, su Unidad de Prevención de Fraudes en Medios de Pago comenzó́ a recibir información relacionada con un nuevo modo de estafa cometido principalmente a través de las cuentas con apertura mediante canales remotos.
El modus operandi del fraude detectado, dice la institución, consiste en que el cliente, una vez que abre la cuenta en la entidad, hace un depósito de hasta 35 UF, suma que posteriormente es retirada por los diversos medios disponibles (cajeros automáticos, pagos de cuentas, compra de bienes, transferencias electrónicas, etc).
Estos movimientos, dice la querella, posteriormente son desconocidos por el cliente señalando que la operación de la tarjeta o transacción electrónica realizada fue a raíz del robo, hurto, extravió o fraude del producto bancario. Se hace operar, afirma el banco, el recientemente modificado artículo 5 de la ley 20.0092, lo que implica que la entidad, dentro de los 5 días hábiles desde la fecha del reclamo, debe restituir los fondos correspondientes a las operaciones hasta 35 UF.
En una de las querellas, el banco dice que descubrió un cliente que ha realizado 19 reclamos de este tipo entre los meses de agosto de 2020 a abril de 2021.
En otra de las acciones judiciales, afirma que uno de sus clientes llamó a su central telefónica desconociendo una serie de giros realizados desde su cuenta corriente, pero que conservaba en su poder la tarjeta de débito que se utilizó́ para realizar todas las operaciones. Según esta querella, la investigación desarrollada por funcionarios del banco pudo determinar que no existen indicios de fraude ni de clonación, siendo posible –afirma el banco- que el mismo cliente, abusando de las estipulaciones establecidas en la nueva ley, haya pretendido obtener $ 995 millones mediante un posible esquema de autofraude.
En otra acción judicial, la entidad menciona a 173 clientes que, afirma, calzan dentro de este perfil, es decir, abren una cuenta, depositan una suma cercana al máximo legal que el banco está obligado a restituir de inmediato, usan el dinero por diversos medios, reclaman dichas transacciones y, luego, retiran de inmediato la plata restituida por supuesto fraude, tras lo cual dejan la cuenta sin movimiento.
"Actualmente, la suma restituída a los clientes por parte de Banco Santander a través de este ardid en que creemos existen varias personas que se han confabulado para defraudar a Banco Santander Chile y quizás a cuantas otras instituciones bancarias, asciende aproximadamente a los $ 250 millones", dijo el banco en esta querella.
En una cuarta acción, el banco apunta a otros cuatro clientes. Según afirma la entidad, tras una investigación interna se determinó que -en este caso- tampoco existieron indicios de fraude.
El banco asegura que se utilizaron en todos los casos plataforma de pago seguras; en todos los casos se exigieron y entregaron todas las credenciales de seguridad para este tipo de transacciones (clave de internet; número de tarjeta; fecha de vencimiento; CVV2; coordenadas de tarjeta Super Clave), y en todos los casos los clientes reconocen mantener en su poder la tarjeta supuestamente utilizada de forma fraudulenta.
"En definitiva, tratándose de relatos respecto del cual existen aparentes inconsistencias, será el Ministerio Público quien deberá desarrollar una investigación y determinar lo efectivamente ocurrido", dice la querella.
En el caso del Banco Falabella, la entidad también presentó una querella en la cual hizo referencia al cambio de la ley. "El banco se encontró en la obligación legal de tener que restituir los montos reclamados al cliente afectado", dice la acción judicial, en la cual la entidad afirma que -según un análisis interno- el mismo cliente, o alguien de su entorno cercano habría procedido a realizar válidamente las transferencias reclamadas como fraudulentas, para luego desconocerlas.
Inclusión financiera
Consultada la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras sobre estos supuestos fraudes, la entidad sostuvo: "Lamentablemente, en los últimos meses han aumentado los autofraudes y con ello las denuncias de los bancos respecto de quienes buscan aprovecharse de esta falla en la regulación que exige a los bancos un estándar probatorio único a nivel internacional, que involucra demostrar dolo o culpa grave del usuario, desafiando nuestro ordenamiento jurídico y claramente la evidencia comparada", dijo la entidad.
La ABIF afirmó que este problema fue advertido durante la discusión del proyecto de ley por el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y, por supuesto, por la Asociación de Bancos.
"Por lo tanto, transcurrido casi un año desde la nueva ley, resulta apropiado evaluar sus efectos, y en este caso es urgente, ya que los costos de una regulación deficiente en materia de medios de pago, afecta la inclusión financiera y el acceso a medios de pago modernos", afirmó.
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