El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo Galdames, dictó sentencia en contra de 13 imputados por los delitos reiterados de malversación de caudales públicos, estafa e infracción a la Ley General de Bancos, ilícitos cometidos, entre 1998 y 2003, en el denominado caso Inverlink.
En la resolución, el ministro condenó a:
-Javier Moya Cucurella, Orlando Collarte López, Eduardo Tapia Donoso, Luis Hernández Palma, a penas de 5 años y un día de presidio en calidad de autores del delito de malversación.
-Enzo Bertinelli Villagra, fue condenado a 5 años de presidio; y Marcial Izarnótegui Valenzuela y Nelson Pérez Baladrón a tres años de suspensión por el delito de malversación de caudales públicos.
-Ignacio Wulf Hitschfeld, Enzo Bertinelli Villagra y Francisco Edwards Braun fueron condenados 5 años de presidio; y Pablo Schaffhausser Muñoz, Orlando Collarte López, Eduardo Tapia Soto, Patricio Reyes Rojas y Carlos Rubilar Muñoz, a penas de 3 años de presidio por estafa.
-Ignacio Wulf Hitschfeld y Fernando Romero Donoso a 541 días por infracción a la Ley General de Bancos.
En tanto, Ignacio Wulf Hitschfeld, Enzo Bertinelli Villagra, Francisco Edwards Braun, Pablo Schaffhauser Muñoz, Orlando Collarte López, Eduardo Tapia Donoso, Carlos Rubilar Muñoz, Patricio Reyes Rojas, Richard Suazo Díaz, José Muñoz Leyton, Guillermo Brito Aguilera, fueron absueltos de los cargos por infracción a la Ley de Valores.
Asimismo, los acusados Javier Moya Cucurella, Ignacio Wulf Hitschfeld, Enzo Bertinelli Villagra y Eduardo Tapia Donoso, fueron absueltos de responsabilidad en el delito cohecho.
Finalmente, los acusados Luis Hernández Palma, José Muñoz Leyton, Carlos Berríos Mancilla, Guillermo Brito Aguilera, Ana Martin Vera fueron absueltos del delito de estafa.
Los hechos
La investigación del caso permitió determinar los siguientes hechos:
"Un funcionario público que se desempeñaba como jefe de la "mesa de dinero" de Corfo, en el ejercicio de su cargo realizó negociaciones financieras con la empresa Inverlink, no obstante la expresa orden que había recibido de sólo hacerlo con Bancos, sociedades financieras y filiales de estos, calidades que no tenía la referida empresa, para lo cual se sirvió de terceras personas y así pudo ocultar las mismas. Los documentos emitidos en razón de las negociaciones realizadas, que son representativos de los valores invertidos, no fueron remitidos para su custodia por la unidad encargada de ello, sino que los entregó a personeros de Inverlink, quienes los usaron en otras negociaciones en su propio beneficio. El mismo funcionario, haciendo uso de fondos fiscales que estaban a su cargo como jefe de la mesa de dinero, tomó depósitos a plazo en diversas entidades bancarias y los documentos correspondientes los entregó a los mismos personeros de Inverlink, quienes simulando un endoso válidamente hecho, se apropiaron de ellos y los usaron en provecho de la empresa", sostiene el fallo.
Resolución que agrega: "Todas estas actuaciones, que se sucedieron entre los años 1998 y 2003, fueron posibles porque no se cumplieron las instrucciones, controles y fiscalizaciones dispuestas, tanto por quienes se desempeñaban en la "mesa de dinero", cuanto por aquellos que tenían el deber de supervigilar el trabajo de la misma, lo que permitió que el referido funcionario actuara con entera libertad y pudiera incurrir en las irregularidades que se han señalado. Lo anterior también permitió que tales conductas se mantuvieran en el tiempo y que sólo de manera accidental quedaran al descubierto, lo que pone de manifiesto la absoluta ineficacia de los funcionarios encargados de la fiscalización y de los órganos de control que existían al interior de Corfo.
Es importante destacar que las irregularidades que se venían cometiendo fueron puestas en conocimiento de las más altas autoridades de la Corporación, Vice-presidente y Gerente de Administración y Finanzas, con bastante antelación a los últimos delitos cometidos, sin que adoptaran medida alguna al respecto, lo que habría evitado, en gran parte, el cuantioso perjuicio al patrimonio fiscal.
En el sumario administrativo instruido en la institución a raíz de estos hechos, se formularon cargos en contra de los funcionarios que aparecen vinculados con ellos. Cobran relevancia aquellos relacionados con los procesados de esta causa (...) El informe pericial de fs. 14.293 determinó que por concepto de depósitos a plazo reinvertidos y que, consiguientemente, no volvieron a poder de Corfo, se le causó un perjuicio de $ 29.656.468.000, en tanto que por la utilización de depósitos a plazo tomados por Corfo que fueron negociados por quienes los recibieron, el daño patrimonial causado asciende a la suma de $ 54.666.705.117".
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