Este viernes comenzó un juicio vinculado a uno de los mayores escándalos que han sacudido al mercado de capitales chileno. Se trata del denominado caso Cascadas, específicamente de la arista Linzor, que involucra al ex gerente de general de las sociedades ligadas a SQM, Aldo Motta, y que en 2014 originó multas históricas contra ocho ejecutivos de la plaza por infracciones a la Ley del Mercado de Valores, por un total de US$ 164 millones.
En la primera audiencia de un juicio que, de acuerdo a las estimaciones se prolongará al menos por siete meses, la magistrada Isabel Espinoza dio lectura a los cargos que se formulan contra el ex ejecutivo, entre los cuales se encuentra el delito reiterado contra la ley mencionada anteriormente, además de la adulteración y falsificación de actas de los directorios de Pampa Calichera y Oro Blanco, en el marco de las operaciones financieras cuestionadas.
En este caso, las partes querellantes solicitan una pena de siete años de presidio efectivo para Motta.
Según detalló la fiscal Ximena Chong, quien lidera el caso por parte del Ministerio Público, en esta jornada se cumplió con "dar lectura a la acusación de la fiscalía y la acusación particular en este caso de Moneda AGF, y fue lo que se hizo en atención al tiempo que los intervinientes teníamos previstos para los discursos de apertura".
La lectura se extendió durante toda la mañana, con dos recesos que fueron programados obligatoriamente para que otros dos magistrados que integraron el tribunal dieran lectura a sentencias en otros casos.
De hecho, los alegatos por parte de la Fiscalía, querellantes y la defensa del ex mandamás de las cascadas quedaron programados para el próximo lunes, donde cada uno de los intervinientes cuenta con cerca de dos horas para realizar sus descargos ante el tribunal.
En la fase de presentación de pruebas, se espera que comparezca una larga lista de testigos, y algunos de ellos concitan gran interés, como son los ex superintendentes Fernando Coloma y Carlos Pavez, y el ex controlador de SQM, Julio Ponce.
La pena a la que aspira el Ministerio Público fue bien recibida por las partes que se hicieron parte de la querella, entre ellos Moneda AGF, AFP Habitat y Roberto Lobos, minoritario afectado por las operaciones fraudulentas del caso.
Sin embargo, los siete años de presidio no son la pena más alta solicitada por el ente persecutor. "Han existido otros casos previos en que se han pedido penas mayores e incluso en el caso Serrano penas mayores fueron conseguidas por delitos de distinta envergadura" dijo Chong.
Mauricio Daza, abogado querellante que representa a Lobos, valoró la presentación de los antecedentes que arrojó la investigación y aseguró que "ha sido una exposición sólida donde se acumularon antecedentes importantes, en lo que ha sido señalado por muchos como el caso por infracción a la Ley de Valores más importante de la historia judicial chilena".
A ello agregó que la pena solicitada "corresponde a lo que es la legislación vigente" aunque recordó que "por delitos similares en el extranjero las penas son bastante más importantes".
De cara las numerosas audiencias que se vienen, y que se prolongarían por al menos siete meses, Daza puso su esperanza en que puedan "exponer las numerosas pruebas que existen para avalar esta acusación, y a partir de eso, obtener una condena que sea ejemplar".
Finalmente, si bien no reveló el orden en que serán llamados los testigos deL caso, reconoció que existe "coordinación" entre los querellantes," porque compartimos muchas de las pruebas".
"Hay una coordinación pero uno no revela el orden de estas porque puede ser perjuicio para la parte querellante", remarcó.
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