En los últimos años, la permisología ha estado en el centro del debate público, convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo de proyectos en diversas industrias; y un sector que no ha sido indiferente a este problema es el de las concesiones de obras públicas.
Un levantamiento de información realizado por Diario Financiero -basado en datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP)- confirma la gravedad del problema. En promedio, pasan 58 meses (más de cuatro años y medio) desde el inicio de la concesión de un contrato de infraestructura vial urbana hasta que ésta puede comenzar su construcción; 24 meses (dos años) en el caso de un proyecto vial interurbano; 31 meses (dos años y medio) para obras hospitalarias; y 23 meses (casi dos años) para desarrollos aeroportuarios.
A esto se añaden cerca de seis meses adicionales entre la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación del contrato, lo que eleva aún más los tiempos de espera.
Un ejemplo claro es el de la Concesión Vial Puente Industrial, que experimentó un retraso de 85 meses -a la fecha, el tiempo de espera más alto- desde el inicio de la concesión hasta la ejecución de las obras.
Otro caso es el de la Concesión Américo Vespucio Oriente Príncipe de Gales-Los Presidentes (AVO II), que requirió 75 meses para comenzar las obras luego del inicio de la concesión. El Hospital del Salvador también experimentó el impacto de la permisología: la obra esperó 58 meses para empezar el proceso de construcción.
Consultada sobre este escenario, la Dirección General de Concesiones (DGC) detalló que desde que se adjudica un contrato hasta que se inicia la construcción de la obra se deben considerar al menos cuatro grandes etapas. En primer lugar, se debe realizar el desarrollo de la ingeniería de detalle; para luego pasar por la evaluación ambiental, cuyos plazos varían según la tipología del proyecto y la magnitud de su impacto. Otro aspecto a considerar -indicó la DGC- son los eventuales hallazgos arqueológicos que deben presentarse al Consejo de Monumentos Nacionales; sumado a la gestión de permisos sectoriales no ambientales.
“Todas estas etapas son fundamentales en la gestión de un proyecto (...) La gestión de permisos es un tema de preocupación para el Gobierno y por esa razón ha impulsado proyectos de ley con el fin de racionalizar y agilizar esta materia, sin sacrificar la robusta normativa ambiental que nos rige”, enfatizó la DGC.
Afectaciones al rubro
Para la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), este escenario afecta “muchísimo” a la industria. El presidente del gremio, Leonardo Daneri, precisó que los proyectos de concesión, al igual que todos los desarrollos de infraestructura, se planifican en función de la situación actual del país. Y cuando se produce un retraso de varios años, las condiciones originales pueden cambiar; lo que puede llevar a un concesionario a dimitir de la obra.
“Un ejemplo de ello es lo que pasó con la Ruta de la Fruta, que se adjudicó en 2008 y en 2012 el concesionario hizo uso de una ventana de salida. Los costos ambientales que se aprobaron excedían por mucho lo que estaba considerado para el proyecto. Por tanto, hubo que liquidar la concesión”, comentó.
Y agregó que esto también afecta a las proyecciones financieras de las concesionarias. Daneri explicó que si no está clara la fecha de inicio de las obras, es difícil cerrar los contratos de financiamiento con los bancos, lo que genera incertidumbre.
Medidas a tomar
Desde la industria creen que sí existe una serie de medidas que se podrían tomar para agilizar estos procesos.
Daneri enfatizó que es urgente legislar sobre este fenómeno, con un proyecto de ley que tenga una “real injerencia”. Además, recalcó que se debería instalar el silencio administrativo, es decir, que si no hay respuesta en determinado tiempo, se dé por aprobada la iniciativa.
“Por otro lado, (se podría) eliminar la serie de consultas a organismos intermedios que no tienen ningún interés en que un proyecto se procese rápido, porque, en general, hay algunos activistas o ambientalistas, que no son partidarios de que estén aprobados los proyectos, lo que contribuye considerablemente a demorar los procesos”, explicó.
Por el lado más técnico, una fuente de la industria indicó que se deberían modificar las Bases de Licitación para obras tempranas para permitir a la concesionaria solicitar el inicio de este tipo de obras previo a la aprobación de la ejecución total del proyecto.
También -indicó la fuente- es necesario reducir los tiempos de tramitación de modificaciones de contrato, que actualmente pueden tardar entre seis y 12 meses, un periodo en el que no se pueden ejecutar las obras modificadas.
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Laura Guzmán
