El empresario mexicano Antonio del Valle inició formalmente dos procesos de arbitraje internacional en contra de España por las pérdidas de su inversión en Banco Popular. El primero es ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y el segundo ante Naciones Unidas.
Del Valle, que representa además a un grupo de inversionistas de su país, activó los procedimientos tras iniciar en enero un proceso de diálogos con el gobierno español, que culminó sin resultados tras un plazo estipulado de seis meses, informó el medio español Expansión.
La iniciativa podría marcar un precedente para otros inversionistas que sufrieron duras pérdidas cuando el gobierno finalmente determinó la intervención de la entidad bancaria. Este podría ser el caso, por ejemplo, de Andrónico Luksic, quien a través de su sociedad familiar Vallum Foundation llegó a controlar una participación de 3% con un valor de mercado de cerca de 113 millones de euros.
La prensa en Europa incluso llegó a especular en algún momento con la posibilidad de que Del Valle y Luksic fueran en conjunto por el control de Popular, elevando su participación al 36%.
El presidente de Quiñenco finalmente perdió todo lo invertido cuando el banco fue adquirido por Santander por un valor simbólico de apenas 1 euros (más una millonaria deuda asumida), sin indemnización para accionistas ni acreedores.
En septiembre del año pasado, el empresario chileno presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), basado en Luxembrugo reclamando por los procedimientos para la liquidación del banco.
Argumentos del reclamo
En las presentaciones de Del Valle no se detallan las cantidades que se reclaman, algo que se determinarán en una fase más avanzada del proceso, y para lo cual se encargará un peritaje. Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso aseguran que el empresario azteca pretende recuperar lo que valía su participación el día de la resolución, monto que sería cercano a los 470 millones de euros.
En las presentaciones se argumenta que el gobierno español tomó medidas activas que dañaron la situación financiera de Popular antes de su resolución y citan el retiro de miles de millones de euros del banco por parte de varias administraciones públicas .
Los denunciantes alegan además que no se tomaron todas las medidas posibles para ayudar a Popular a superar la crisis de liquidez a la que se enfrentó en los meses previos a la quiebra; que se hicieron declaraciones públicas que dañaron la reputación de la entidad y agravaron la fuga de depósitos.
Larga espera
El arbitraje internacional es un mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos comerciales en el que se suelen tener muy en cuenta los derechos de los inversionistas. Según Expansión, el proceso podría extenderse entre 18 meses y cinco años
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