Al parecer, la relación que se está configurando en el mercado local, es que a mayor desaceleración de la economía, mayor presencia -o destape- de escándalos por fraude, estafas piramidales, colusiones varias, desvío de recursos de empresas para financiamiento de la política, etc.
Y si antes la palabra “corrupción” podía escandalizar a varios, ahora ya parece un término de uso más común del que se quisiera. Paradójicamente, esto ocurre en un contexto en el cual la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), así como otros fiscalizadores, se han abocado a dictar normas más estrictas para evitar nuevos escándalos.
De hecho, según la 14 versión de la Encuesta Global de Fraude, realizada por EY, las respuestas que dieron los ejecutivos que formaron parte de la muestra, entre octubre de 2015 y enero de este año, reflejan de manera concreta este nuevo escenario.
Aunque suene a un consuelo poco efectivo, de todas formas el mercado local se encuentra “más sano” en términos de corrupción y fraude, que el resto de la región. Ahora, si nos queremos comparar con mercados desarrollados, lamentablemente estamos muy lejos.
Las cifras
Uno de los resultados que más llamó la atención en esta versión del estudio, fue el que 54% de los encuestados respondiera que estima que hay corrupción y/o soborno en el país o su industria.
De hecho, esto representa un aumento de 17 puntos en dos años, cuando la proporción alcanzada 37%.
El promedio de Sudamérica fue de 74%, mientras que los desarrollados alcanzaron apenas 21%.
En línea con lo anterior, el 20% de los encuestados afirma que es común sobornar en su industria para ganar contratos. Es más, yendo un poco más allá, incluso el 18% de los ejecutivos justifica los pagos “no éticos” para lograr negocios.
En esto estamos ok
Pero no seamos pesimistas, ya que hay áreas en las que obtenemos buenos resultados.
Por ejemplo, en el aspecto relacionado a que la consecución de las metas financieras de la compañía en la que se trabaja “justifica todos los medios”.
Así, el 10% considera justificable tener políticas de cambio de productos más flexibles, mientras que 8% cree que se justifica extender el período de reporte de información de la operación.
Por otro lado, 2% está de acuerdo en que está bien antedatar un contrato, y 4% que se cambien los supuestos para determinar valorizaciones/reservas y así obtener mejores resultados.
Pero un aplastante 84% sostiene que ninguna de las anteriores es justificable.
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