Lo logró. Principal Financial Group solicitó una reunión con la Contraloría General de la República a través de la Ley de Lobby con el fin de exponer sus puntos ante el controversial oficio del organismo que tildó de “impracticable” la fusión Cuprum-Argentum. Y se le concedió.
Hoy, el gerente corporativo de asuntos legales & chief compliance officer del controlador de Cuprum, Cristián Edwards, se reunirá con la subcontralora Patricia Arriagada.
Se recuerda que el contralor Jorge Bermúdez se inhabilitó del caso dado que realizó una asesoría legal previo a asumir el cargo respecto de la otra operación en cuestión, fusión Provida-Acquisition.
Como sea, esta instancia se da en medio de la espera ante la respuesta que dará la Contraloría a la Superintendencia de Pensiones, respecto de “reconsiderar” esa opinión. El oficio fue tan controversial que la superintendenta Tamara Agnic incluso puso su cargo a disposición.
Además, Edwards explicó a Diario Financiero que si bien se trata de un pronunciamiento que no tiene ningún efecto, su lectura por parte de la opinión pública es distinta.
De hecho, eso es lo que ha impulsado a Principal a querer intervenir al respecto.
“Es ilegal, inconstitucional y contradictorio. Se hizo fuera del ámbito de su competencia y exhibe claras faltas de comprensión técnica”, señaló Edwards
El polémico oficio
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la operación, señalando que se trata de algo “impracticable”.
De hecho, en su oficio que salió a la luz el 16 de diciembre pasado, el organismo determinó que la fusión no es admisible, ya que supone la existencia de dos o más sociedades cuando sólo existía válidamente AFP Cuprum y no AFP Argentum.
Además, señaló que no es admisible que en el proceso de constitución de una administradora se acompañen los antecedentes de otra, aún cuando aquella sea su controladora. Lo anterior es evidente, según el organismo, ya que la propia Superintendencia de Pensiones afirma que Principal era una empresa sin experiencia en administración de fondos de pensiones.
La entidad, además, sugirió avanzar en materia legislativa para precisar y/o no dejar lugar a dudas en operaciones en las que estén involucradas las administradoras. “A fin de precaver situaciones como las que se plantean en las presentaciones del rubro, esta Contraloría General se permite sugerir al legislador un estudio de reforma normativa que regule con más precisión los distintos procesos de reestructuración empresarial que involucre la participación de las AFP”, consignó el oficio.
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