A sólo horas de que las isapres informen si subirán o no el precio de sus planes, la Superintendencia de Salud dio a conocer un estudio -realizado por el organismo-, donde aseguran que la evolución de los precios en el último periodo se ha mantenido, por lo que “el aumento de la frecuencia de prestaciones por beneficiario, no es suficiente para explicar por sí sólo, y automáticamente, alzas en los planes de salud”.
De hecho, desde octubre de 2014 a septiembre de 2015, la evolución de los costos ha registrado una baja de 1%.
Es por ello, y teniendo en cuenta que las aseguradoras están prontas a informar sus variaciones es que el superintendente del ramo, Sebastián Pavlovic, espera que éstas “fueran lo más acotadas posible”, añadiendo que este estudio “contribuirá a entregar más elementos a la discusión pública que se va a dar”.
En el estudio se analizaron dos de los componentes de costos más relevantes que tienen las isapres: prestaciones de salud y licencias médicas.
Respecto a las primeras, el superintendente indicó que a lo largo de los años sí han aumentado en número, pero no en valor, ya que entre otras cosas, las personas estarían buscando atenciones más baratas en el sistema.
Para el caso de las licencias, comentó que el aumento de costos que han tenido en este ítem las aseguradoras es, principalmente, por el número de licencias y la cantidad de días, los que, a juicio de Pavlovic, tienen relación con el trabajo de difundir la prevención de éstos, rol que las isapres no cumplen y que sí lo hacen, por ejemplo, los seguros de accidentes del trabajo.
Para ambos ítemes, el regulador comentó que “existen mecanismos de gestión que las isapres deben implementar, adecuadamente”.
Pavlovic indicó que entre las principales falencias que tiene la industria está “la poca capacidad que han tenido para controlar los costos”, añadiendo que esto se debe a la “dinámica tradicional” de traspasar todos los aumentos de costos a los usuarios, por medio de las adecuaciones de precio, algo que “ha sido cuestionado sistemáticamente por los usuarios y por los tribunales de justicia”.
Suben gastos en administración
Pero las críticas por parte del superintendente no terminaron ahí, ya que comentó que algo similar ocurre con los gastos de administración y ventas que tienen las compañías. Y a su juicio, este incremento es traspasado a los usuarios en las alzas de los precios de los planes.
Detalló que si en 2005 los gastos de administración y ventas eran de $ 152.437 millones, en apenas una década subieron a $ 265.985 millones.
“Una de las principales dificultades que tiene la industria es que hoy siguen siendo deficientes en control de costos y de gastos”, añadió Pavlovic.
Mientras que, desde la industria, indican que ellos sí han hecho un esfuerzo en este aspecto, y que bajar más los costos en administración y ventas significaría el cierre de locales.
Finalmente, el titular de la Superintendencia tuvo palabras para la reforma a la salud privada, que aún no tiene fecha de envío al Congreso por parte del Ejecutivo.
En este sentido, señaló que el proyecto “considerará mecanismos adecuados para la contención de costos”, así como la entrega de mayores atribuciones regulatorias, como de fiscalización, hacia seguros y prestadores de salud.
3,5% el promedio de las alzas
Según el estudio elaborado por la Superintendencia de Salud, 3,5% es el promedio de alzas que han tenido las isapres en los últimos 10 años, que es la misma cifra de adecuación que hicieron las aseguradoras de salud el periodo pasado.
Claro que fue en 2008 cuando se registró la mayor variación.
En ese entonces, las isapres decidieron subir en 8% el valor de los planes, algo que motivó el inicio de la judicialización al sistema.
A fines del mes de marzo de cada año, las isapres deben informar sobre sus modificaciones de contratos, las que comenzarán a regir durante el año.
Ese proceso se expresa en alzas de los precios bases de los planes de salud.
Mientras que en junio las entidades tendrán que informar la variación que aplicarán por las Garantías Explícitas de Salud (GES o AUGE), como consecuencia del nuevo decreto que entra en vigencia el 1 de julio.
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