Luego de que el ingreso del proyecto de ley que pretende ingresar el gobierno al Congreso Nacional fuera pospuesto en más de tres oportunidades durante 2015, la iniciativa volverá a sufrir un retraso. Eso, de acuerdo a lo señalado por la ministra de Salud, Carmen Castillo, en el contexto de la cuenta anual de la cartera, realizada ayer.
Según señaló Castillo, recién en marzo de este año, el ministerio hará la entrega oficial del documento a la presidenta de la república, Michelle Bachelet, lo que significa un nuevo aplazamiento en la entrada de la iniciativa a la discusión parlamentario.
Esto, luego de que en diciembre del año pasado el ministro del Interior, Jorge Burgos, aclarara que la iniciativa no alcanzaba a ingresar al parlamento en 2015. Así, la nueva fecha que se estableció para el envío del proyecto de ley al parlamento había sido el primer trimestre de 2016. Algo que ahora tampoco se cumpliría.
Preocupación de las Isapres
Desde la industria de las Isapres, la cual se ha visto presionada en los resultados de 2015, a consecuencia del incremento de la judicialización, la cual se duplicó en un año, plantean inquietud frente a lo señalado por la ministra de Salud.
“Vemos con gran preocupación el anuncio efectuado por la autoridad de salud. Es urgente resolver el problema que generan los ajustes de precios para dar certeza jurídica al sistema pues los costos judiciales crecen a una velocidad imposible de ser soportados por las Isapres en un futuro cercano”, dice Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres.
Desde la entidad gremial agregan que no ven de parte del ejecutivo una real preocupación por los graves daños que causará a las personas el creciente proceso de judicialización que vive el sistema privado de salud.
Efecto judicialización
Esto, en el contexto que diferentes fuentes de la industria han señalado que durante el ejercicio 2016 los niveles de provisiones podrían verse presionados por esta situación.
De acuerdo a las cifras más recientes, las utilidades de las Isapres registraron una caída de 64% a septiembre de 2015, tras alcanzar $19.140 millones en utilidades.
Esto, pese a que el sector sumó en el periodo 85.000 nuevos cotizantes.
La principal razón de esta situación sería el incremento en los gastos operacionales, provocado por la mayor judicialización.
De este modo, Caviedes reitera que “el Gobierno debe tomar conciencia que esto arriesga gravemente la estabilidad de los planes de salud de miles de personas que tendrán que ser recibidas en Fonasa si se destruye alguna Isapre por esta causa”.
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