Desde el jueves pasado que el cargo de la superintendenta de Pensiones (SP), Tamara Agnic, se encuentra a disposición de la presidenta Michelle Bachelet.
A pesar de que aún no ha habido pronunciamiento desde La Moneda, lo cierto es que en el regulador siguen atentamente el destino que tenga el recurso de aclaración que interpuso la abogada Olga Feliú -quien representa a la SP- por la respuesta que dio la Contraloría en relación a la fusión entre las AFP Argentum y Cuprum.
El órgano, que hasta el miércoles era encabezado por Patricia Arriagada como subrogante, en una de sus últimos actos como tal, calificó como impracticable esa operación, y además le “llamó la atención” a la Superintendencia de Valores (SVS), por su deber de hacer presente “la inconsistencia que aparezcan con ocasión de este trámite si ellas conllevan a, eventualmente, registrar a una sociedad que aún no tiene existencia”.
Según ha trascendido, en el documento de respuesta -que habría sido firmado pocos minutos antes de que se votara a Jorge Bermúdez como nuevo contralor- también habría participado Julio Pallavicini, jefe de la división jurídica, y quien habría sido cesado del cargo.
Y el desenlace de esta situación no tiene expectante sólo a la SP, sino también a distintas superintendencias, por la señal “negativa” que implicaría en términos de independencia de los reguladores.
Oficio sería “anormal”
Un duro diagnóstico es el que hace el abogado Luis Cordero del oficio que emitido por la Contraloría.
“El dictamen es anormal, porque la Contraloría se pronuncia respecto de un asunto donde ella misma reconoce que no tiene competencia”, manifiesta.
Asimismo, añade, el organismo “dice que va a otorgar una opinión jurídica, aunque es más consultiva”. Y ese concepto, estima, “no es una figura que la Contraloría reconozca”.
Con este pronunciamiento, además, “se contradice con sus propios precedentes, porque históricamente ha sostenido que no puede tener emitir opinión respecto de asuntos que estén sometidos a conocimientos de las comisiones investigadoras”.
Es decir, la Contraloría “no puede resolver consultas jurídicas de diputados o miembros de una comisión investigadora porque no es parte de su atribución”.
Opinión similar tiene Hugo Lavados, presidente de AFP Cuprum, quien señala lo inusual que resulta que aunque la Contraloría reconozca que no tiene facultades, “sin embargo, emite una opinión que se ha tomado como un dictamen”. Eso, añade, se tiene que solucionar.
Por otro lado, Cordero también destaca el efecto de esta intervención en el mercado financiero. “El oficio, con este nivel de confusión, aparece en un contexto donde tanto el gobierno anterior como éste han tenido comisiones de expertos que han estado promoviendo la autonomía de los reguladores (…) que no dependan tanto de la autoridad política y que tengan autonomía precisamente para interpretar, sancionar y regular”, sentencia.
Lo anterior, enfatiza, “impacta un diseño de reguladores financiero que se está buscando”. De hecho, recalca, es uno de los principales ejes del proyecto de comisión de valores, que se está tramitando en el congreso.
Jorge Bermúdez propone descentralizar Contraloría en reunión con Bachelet
En su primera reunión protocolar con la presidenta de la República, Michelle Bachelet, el nuevo contralor, Jorge Bermúdez, se refirió al eje de su programa para los próximos ocho años que estará en el cargo. Según comentó el sucesor de Ramiro Mendoza, su gestión se enfocará en la descentralización de la Contraloría General de la República.
Tras la reunión, que duró poco menos de dos horas, el abogado declaró que no hubo diálogo sobre temas puntuales de las indagaciones que se encuentran actualmente en curso. Respecto de la impugnación que realizó el Gobierno por la construcción por parte de privados del nuevo Sótero del Río, y la que recibió el visto bueno de la Contraloría, quien lidera ese organismo indicó que se hará cargo personalmente del tema. Por último, Jorge Bermúdez volvió a confirmar la permanencia en su cargo de la subcontralora Patricia Arriagada, con quien se encontraría armando un plan de trabajo para 2016. "Yo, de hecho, le señalé a ella que quería que hiciéramos un equipo de trabajo para sacar adelante este fin de año y comenzar de la mejor manera el próximo", finalizó.
QUÉ DICE EL DFL 101
El Decreto con Fuerza de Ley (DFL) 101 de la SP establece varias definiciones sobre el regulador. En su Título I, señala que "la SP estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de sus entradas y gastos". En su artículo 2, agrega que la SP será la autoridad técnica de supervigilancia y control de las AFP y sus funciones comprenderán los órdenes financiero, actuarial, jurídico y administrativo. Entre sus varias funciones, está "aprobar o rechazar el prospecto que debe preceder a la formación de una AFP; aprobar sus estatutos, autorizar su existencia, entre otros.
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