Con el fin de que la Superintendencia de Pensiones (SP) entregue 32 documentos asociados a la creación de la AFP Argentum y la autorización de la polémica fusión con Cuprum, el senador Alejandro Navarro (MAS) presentó ayer una medida prejudicial exhibitoria ante el 20° Juzgado Civil de Santiago.
El parlamentario busca que, a través de la justicia, el regulador haga llegar dichos antecedentes, que serían los últimos que necesita para fundamentar e interponer una acción constitucional de nulidad y derecho público. Con dicha iniciativa, Navarro busca que se dejen sin efecto las resoluciones que autorizaron la creación de Argentum y su posterior fusión con la AFP controlada por Principal Financial Group.
Según trasciende, la superintendencia liderada por Tamara Agnic entregó dichos antecedentes en su momento tanto a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, como a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
El documento patrocinado por los abogados Fabián Luengo y Guillermo Rioseco señala que “la Superintendencia de Pensiones ha excedido sus facultades, toda vez, que autorizó la fusión de una AFP inexistente, como lo fue Argentum S.A., para sólo el efecto de fusionarse con Cuprum S.A., de manera artificiosa, en una operación simulada, infringiendo lo que establece el artículo 23 del Decreto Ley n° 3.500 de 1980”.
La medida también consigna que “cualquier análisis y crítica razonable” lleva a “indagar y a visualizar lo que la literatura jurídica reconoce como ‘desviación del poder’, el hecho del agente administrativo que realizando un acto de su competencia y respetando las formas impuestas por la legalidad, usa su poder en casos distintos, por motivos y para fines distintos de aquellos en vista de los cuales el poder le ha sido conferido”.
Comisión investigadora y la subcontralora
Esta semana, los ejecutivos de Principal se reunieron con la subcontralora Patricia Arriagada, lo que ha generado dudas respecto del proceso. Esto, porque la autoridad no ha comparecido ante la comisión investigadora que estudia el caso.
Frente a eso, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez -que está inhabilitado hace unas semanas- manifestó ayer que “todo está dentro del proceso administrativo”.
Lo anterior, dado que “todos los funcionarios tienen este deber de atender a los ciudadanos, como también tienen el deber de concurrir a las comisiones investigadoras”. Lo que pasa, añadió, “es que para concurrir hay que tener algo que decir y mientras esto no esté totalmente resuelto, la subcontralora tendrá que esperar a tener una decisión y luego poder expresarla ante la comisión. Además, esa audiencia fue por Ley de Lobby”.
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