Esta vez, el Ejecutivo fue más claro al incluir a Metro en el proyecto de ley que facultará a las entidades no bancarias a emitir tarjetas de prepago. En la nueva indicación -añadida ayer en la comisión de Hacienda del Senado-, se especificó que esos plásticos también podrán ser utilizados como medio de acceso al sistema de transporte público de pasajeros bajo condiciones determinadas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Para eso, la empresa estatal, a través de las sociedades filiales o coligadas que cree, podrá convenir con los otros actores la “prestación recíproca de los servicios de recaudación y carga de fondos”. Y establecerá las condiciones de contratación que deberán ser “objetivas, competitivas y transparentes”, como también requisitos técnicos y económicos no discriminatorios. Lo anterior estará dentro de un propuesta general que tendrá que ser aprobada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
El propósito de estas medidas, consignó el gobierno, es “garantizar que en todo momento Metro S.A. no se aproveche de una infraestructura y una posición en el mercado que adquirió bajo consideraciones distintas a las propias del mercado de medios de pago”.
Lo importante, dijo Alejandro Micco, ministro (s) de Hacienda, “es que Metro tenga una política que pueda atraer a otros actores a usar sus cajas o sus mecanismos de carga en las tarjetas de prepago y que sea una política transparente, no discriminatoria, competitiva (...) Creo que el proyecto ha ido decantando bien. Las dudas que tenían los senadores están todas cubiertas”.
Pero aún hay parlamentarios que denuncian poca claridad del asunto. Uno de ellos es el senador (RN) José García Ruminot, quien destacó la necesidad de que se garanticen diversas situaciones. “Queremos saber si va a significar un entorpecimiento o una mayor demora de los pasajeros al abordar tanto el Metro o los buses asociados al Transantiago, porque nadie nos perdonaría que, al momento de validar la tarjeta para pagar el Transantiago, se demore más”, comentó.
De todos modos, la comisión de Hacienda del Senado escuchará a especialistas en la materia para poder votar la indicación del Ejecutivo la próxima semana.
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El Retail Financiero, principal impulsor de las tarjetas de prepago, no está conforme.
“La indicación es ambigua y general en materia de la regulación de interoperabilidad tecnológica y la reciprocidad entre los actores”, dijo el vicepresidente ejecutivo del Comité, Claudio Ortiz. Asimismo, señaló que el Ministerio de Transportes no posee las competencias técnicas como organismo regulador de este submercado financiero, y que esa nueva atribución trasciende su función principal.
El presidente de la Asociación de Bancos, Segismundo Schulin-Zeuthen, señaló por su parte que la banca no se opone al ingreso de nuevos actores, “siempre y cuando sea en igualdad de condiciones”.
El dirigente añadió que “el ingreso de Metro al sistema de emisión de prepago podría constituirse en una barrera de entrada para otros emisores no bancarios, ya que cuenta con el aval implícito del Estado. Al ser un ente estatal el que asegura el pago, se genera un problema competitivo no menor”.
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