Decir que el enfrentamiento entre la Superintendencia de Bancos (SBIF) y CorpBanca, va escalando en términos de tensión y calificativos para los argumentos de la contraparte, es, a estas alturas, un tanto obvio.
Sin embargo, ayer el regulador encabezado por Eric Parrado, decidió darle un ingrediente distinto al proceso que se está llevando en tribunales.
Esto, luego de que se conociera un informe realizado por el ex contralor, Ramiro Mendoza, y que fue encargado por la entidad financiera anteriormente controlada por Álvaro Saieh, y en el que cuestiona el procedimiento administrativo que siguió el fiscalizador, para determinar la multa por US$ 30 millones que aplicó al banco por haber superado los límites de crédito a un mismo deudor, en el caso de los préstamos a las sociedades Cascada, controladas por Julio Ponce Lerou.
Y en su respuesta, los dardos del fiscalizador apuntaron, directamente, a un cambio de opinión de Mendoza.
“Casi caricaturescamente, un informe en derecho elaborado por un ex contralor General de la República (...) intenta ridiculizar que las multas sean aplicadas y comunicadas al infractor mediante cartas, aunque estén debidamente fechadas y numeradas, y a partir de ello sienta la inédita y asombrosa conclusión que estas características le niegan, a esa decisión del superintendente, la condición de acto administrativo y, de consiguiente, su validez, razón por las cuales las multas aplicadas deben dejarse sin efecto”, dice el texto ingresado ayer por el regulador.
Luego, ahonda que “pues bien, no hay dudas que ese autor ha adoptado esa novedosa tesis recientemente, a falta de otra más consistente, puesto que de siempre, las sanciones se han aplicado comunicándosele al infractor los motivos mediante tal actuación, y ninguna norma legal ni reglamentaria ha obligado a modificarla. También, la dejación de su cargo le ha permitido cambiar de opinión sobre las materias que trata, como SS Iltma. puede comprobar con las opiniones emitidas por dictámenes varios de la Contraloría que sirvió, y que son citados ahora en el informe en Derecho del Profesor Pallavicini, ex director jurídicio de esa misma entidad”.
¿Reunión o audiencia?
Anteriormente, CorpBanca había acusado ante la Corte de Apelaciones que el regulador encabezado por Eric Parrado de inventar audiencias que jamás se realizaron.
“Particularmente grave resulta la invención de supuestos hechos, inexistentes en la realidad, a partir de los cuales se pretende construir la fantástica tesis de que, en la especie, habría existido un procedimiento administrativo sancionatorio”, dice el escrito ingresado por el banco el 19 de abril pasado.
El fiscalizador, en su respuesta, decidió no bajar el tono. Porque mientras así como señala que resulta “incomprensible que los letrados que suscriben no sepan distinguir entre una audiencia y reunión”, aborda la acusación de que “no se les permitió (a los representantes de CorpBanca) plantear sus puntos de vista ni tampoco se les informó del proceso de investigación en curso; sin embargo, en líneas anteriores manifiestan que con ocasión de los requerimientos de antecedentes ‘detectaron’ que el banco había otorgado un crédito con infracción de la ley (...). Negar lo sucedido podrá ser un recurso primitivo de defensa, pero sostener en las conclusiones de su escrito que le fue impedido a CorpBanca la posibilidad de plantear defensas o alegaciones (...) es una niñería que, de ser cierto el abuso, pudo obviarse en forma tan simple como entregarlos por oficina de partes, con cargo de fecha y hora”.
los créditos cuestionados
Octubre 2011
CorpBanca otorgó un crédito a Potasios por US$ 150 millones
($ 73.683 millones). En esa época, Oro Blanco mantenía obligaciones pendientes con la entidad por un $ 74.494 millones.
Julio 2013
El banco entregó un crédito a Norte Grande por US$ 145 millones ($ 74.568 millones). Esto, mientras Oro Blanco y Potasios mantenían obligaciones.
Septiembre 2015
El crédito por US$ 70 millones otorgado a Pampa Calichera, monto que está incluido por el regulador para determinar que CorpBanca sobrepasó el límite de 10% de su patrimonio en los préstamos a dichas sociedades, "se encontraba cubierto por garantías válidas para entrar en el límite ampliado de hasta el 30%".
El banco hace referencia así a una excepción que plantea la ley, en el caso de créditos garantizados. Critica además que se vuelve a considerar como un mismo deudor a Norte Grande y Potasios.
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