El ciberataque que sufrió el Banco de Chile y que le significó perder US$ 10 millones sigue generando repercusiones y el Senado está reaccionando.
Las comisiones unidas de Economía y Hacienda, serán las encargadas de analizar las ideas matrices de la moción que modifica la Ley General de Bancos en materia de seguridad de las redes informáticas. La propuesta de los senadores Ximena Rincón, José Miguel Durana, Álvaro Elizalde, Rodrigo Galilea y Felipe Harboe, apuntan a aumentar las multas que actualmente pueden ser aplicadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) a las entidades que fiscalizan.
Los legisladores aseguran en la moción que "resulta necesario y pertinente exigir a los bancos que incluyan expresamente en su gestión todo lo relativo a la seguridad de sus redes, lo cual tendrá efectos en su clasificación". Cabe consignar que hoy la banca entrega esta información a solicitud de la SBIF, pero no existe una periodicidad ni formalidad en tal sentido.
En la actual Ley General de Bancos, se establece que "las instituciones sometidas a la fiscalización de la Superintendencia que incurrieren en alguna infracción a la ley que las rige, a sus leyes orgánicas, a sus estatutos o a las órdenes legalmente impartidas por el Superintendente, que no tenga señalada una sanción especial, podrán ser amonestadas, censuradas o penadas con multa hasta por una cantidad equivalente a cinco mil unidades de fomento ($ 135 millones)".
En el texto, los senadores proponen aumentar la multa a 15 mil unidades de fomento, es decir, pasar de los actuales $ 135 millones a $ 407 millones. Al respecto, argumentan que las multas vigentes son demasiado bajas en relación a las utilidades del sector.
También en la moción se introduce un nuevo elemento en la clasificación de los bancos. Hoy de acuerdo a su nivel de gestión, estas entidades se dividen en niveles A, B y C. En el caso del nivel B, se incluyen a "las instituciones que reflejan ciertas debilidades en los controles internos, sistemas de información para la toma de decisiones, seguimiento oportuno de riesgos, clasificación privada de riesgo y capacidad para enfrentar escenarios de contingencia, las que serán corregidas por la propia institución durante el período que preceda al de la próxima calificación para evitar un deterioro paulatino en la solidez de la institución".
En la moción se introduce el concepto "seguridad de sus redes", de manera que este ítem se considere a la hora de calificar la gestión de los bancos.
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