La pugna que se está viviendo entre los accionistas de Agunsa y la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI), ambas controladas por el Grupo Empresas Navieras (GEN), sigue escalando.
En el marco de la polémica venta de CCNI a Hamburg Süd, accionistas minoritarios de Agunsa presentaron una denuncia ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), ya que se sienten perjudicados por la operación.
A inicios de este mes, Moneda -que a través del fondo Pionero tiene el 9% de la propiedad de CCNI y el 13% de Agunsa- puso una denuncia ante el regulador en la que reclama que la operación en cuestión es entre partes relacionadas y que, debido a la estructura de la misma, le quita derecho a retiro a los minoritarios, entre otros aspectos.
Sin embargo, cuentan entendidos, el regulador habría enviado ayer su respuesta a Moneda en la que le comunica que no ha visto las irregularidades que denuncia. Pero esto no fue una sorpresa para la administradora de fondos, pues, de manera informal, la entidad dirigida por Carlos Pavez ya le habría comunicado lo que ayer fue oficial.
La operación y los reclamos
Moneda reclama por los conflictos de interés que dice tiene la operación, porque los socios de GEN y los alemanes se sientan a la mesa a discutir la venta de CCNI, aunque en realidad los activos más valiosos son de Agunsa. Además, porque accionistas de la matriz, que también son ejecutivos en las filiales, son quienes participan en las conversaciones, buscando maximizar los beneficios para el holding.
Así, acusan que hay transferencia de valor entre algunos accionistas, perjudicando a los minoritarios.
Por otro lado, reclaman que se está enajenando más del 50% de los activos de Agunsa, lo que, de acuerdo a la ley, genera un derecho a retiro para los minoritarios, pero que como la mayoría de éstos, en el caso de las compañías navieras, son arrendados o en leasing, no se incluyen en el balance, pero en la práctica, se enajena el negocio.
La lógica, aseguran, es que si Hamburg Süd hubiera querido comprar activos de ambas firmas, debió haber ido con los directorios de cada una por separado, pues el precio a repartir (US$ 160 millones) genera conflictos de interés para ambas filiales, que deben velar por cada compañía por separado y sus propios accionistas.
Estos mismos reclamos ya los habían expuesto Vicente Bertrand y Carlos Frías, el co-portfolio Manager y fiscal de Moneda, respectivamente, durante una de las juntas de accionistas de CCNI.
Pasos a seguir
Con la respuesta de la SVS en la mano, Moneda se dispone ahora a analizar los distintos caminos por los que pretende seguir reclamando por la operación. Por ahora, visualizan dos alternativas: la primera, es seguir reclamando ante la SVS, insistiendo en sus argumentos; mientras que la segunda opción es acudir ante los tribunales de justicia ahora que tienen un pronunciamiento de la Superintendencia, señalan entendidos, tal como hicieron en el Caso Cascadas.
De hecho, la administradora analiza ampliar los reclamos apuntando ahora contra los directores que aprobaron la operación, a quienes acusaría de las responsabilidades civiles que les competen. En este punto la evaluación también radica en si acudir ante el regulador de la Bolsa o ir directamente a tribunales.
Cercanos cuentan que ambas determinaciones se discutirán durante febrero para tomar una decisión en marzo próximo.
Los otros minoritarios
Pero ¿qué dicen los otros minoritarios? Cercanos cuentan que otros accionistas no han querido levantar la voz, pues sus posiciones en las filiales de Empresas Navieras representan un porcentaje bastante menor de su portafolio de inversiones.
Sin embargo, quien sí estaría analizando el seguir un camino similar al de Moneda es AFP Provida, pues ve que sus intereses se ven directamente afectados, ya que como la venta se hace a través de CCNI y ellos son accionistas de Agunsa (con un 6,3%), no reciben los beneficios de una transacción que se hace con activos de esta última.
La denuncia por colusión
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó el martes ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a empresas navieras nacionales e internacionales por haberse coludido en procesos de contratación de transporte marítimo de automóviles, entre ellas CCNI.
La firma señaló ayer en un hecho esencial a la SVS que "el proceso que da lugar el requerimiento ante el TDLC es de lato conocimiento; (...) recién se está iniciando". Además, dijo que "en su oportunidad CCNI va ejercer el derecho a defenderse en todas las instancias que corresponda".
Por otro lado, señaló que la investigación "no afecta la venta del negocio de contenedores a la naviera alemana (...) porque esa empresa no participa en el transporte de automóviles y por ello nunca fue parte de la negociación".
La compañía agregó que "el directorio, la administración y sus asesores legales, en base a la información con la que cuenta a la fecha, estiman que CCNI no ha incurrido en las prácticas que la FNE le imputa (...) sin embargo, desconocemos las prácticas de las otras compañías navieras".
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