Deben ser pocas las ocasiones en las que un accionista va a una empresa y pide revisar sus libros.
A menos que la compañía en cuestión se encuentre en medio de una de las investigaciones más bulladas del mercado: el caso Cascadas.
Y eso fue lo que sucedió con Oro Blanco, una de las llamadas sociedades cascada, que permiten a Julio Ponce Lerou mantener el control indirecto de SQM.
Fue en septiembre de 2013 que Moneda acudió a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ante la negativa de la sociedad de entregarle "los libros Diario, Mayor Balance e Inventario", correspondientes a los años 2009 a 2012. "Se nos está vulnerando el derecho que como accionistas nos reconoce la ley para efectos de la marcha de la compañía", señala el escrito.
Todo esto en un escenario bastante particular: ese mes se realizaba la junta extraordinaria de accionistas que aprobaría -con los votos de Norte Grande- un aumento de capital por US$ 120 millones, que tenía como fundamento la caída del cartel del potasio.
En esa ocasión, el representante de Moneda AFI, Vicente Bertrand, declaró que "la sociedad ha hecho operaciones entre partes relacionadas que involucraron pérdidas a los minoritarios y pretende que las paguemos con aumentos de capital".
Y, finalmente, la semana pasada el regulador se pronunció, concluyendo que no puede impedirse "o restringirse el derecho de los accionistas para examinar la documentación social que la ley permite", y además, informó que, en forma paralela, le iba a representar a Oro Blanco "su actuación en los hechos objeto de su reclamo".
Libros "confidenciales"
La respuesta que en esa oportunidad dio a Moneda el gerente general de Oro Blanco, Ricardo Moreno, fue que los documentos solicitados no están dentro de lo que considera la ley que pueden revisar los accionistas quince días antes de una junta.
Además, argumentó que "salvo para el SII, los libros de contabilidad tienen el carácter de confidenciales, reforzado tanto por el Código de Comercio como el de Procedimiento Civil (...) ningún accionista ha pedido acceso a los libros de contabilidad, ni conocen normativa de esta superintendencia que obligue a ponerla a disposición de los accionistas, y concluye que la solicitud se prestaría para situaciones abiertamente abusivas, bastaría que cualquier persona compre una acción de una S.A. abierta para tener acceso a sus libros, incluso de dos compañías que son competidores entre sí".
A esto el regulador respondió que la ley ordena exhibir en forma física la documentación social, en este caso la contabilidad, que se sustenta en el registro de "hechos económicos, que a su vez, deben respaldarse con los documentos que reflejan el respectivo hecho económico, como es el caso de inventarios u otros antecedentes que obran en poder de la respectiva compañía".
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