Independiente de lo que haya sucedido durante el fin de semana, la superintendenta de Pensiones (SP), Tamara Agnic, se abocará a la elaboración del recurso de reclamación por la fusión entre Cuprum y Argentum.
Esto luego de que la Contraloría General de la República respondiera al requerimiento de los diputados DC Fuad Chahín y Patricio Vallespín, de un pronunciamiento respecto de la actuación del regulador en la operación, que es el paso previo para que Principal Financial Group ingrese a la propiedad de la administradora de fondos de pensiones.
Un aspecto importante que contendría el documento, que se espera sea ingresado en los primeros días de esta semana y en el que la superintendencia será representada por la abogada Olga Feliú -experta en materia constitucional-, es el hecho de que la respuesta de la Contraloría no se trata de un fallo, no incluye sanciones y no tiene carácter vinculante. Además, el documento también excedería las atribuciones del órgano contralor.
El controversial dictamen
La Contraloría determinó que la fusión no es admisible, ya que supone la existencia de dos o más sociedades cuando sólo existía válidamente AFP Cuprum y no AFP Argentum.
Además, el dictamen señaló que no es admisible que en el proceso de constitución de una administradora se acompañen los antecedentes de otra, aún cuando aquella sea su controladora. Lo anterior es evidente, según el organismo, ya que la propia Superintendencia de Pensiones afirma que Principal era una empresa sin experiencia en administración de fondos de pensiones.
¿Fue la decisión correcta?
La decisión de la superintendenta de Pensiones de poner su cargo a disposición puede ser tomado de distintas formas.
Para el diputado Vallespín, la determinación de Agnic está en lo correcto. “Creo que es una buena decisión porque ha quedado en tela de juicio”, comentó.
Pero no sólo. El parlamentario toma la noticia como una señal de mea culpa. “Nos parece que Tamara Agnic está reconociendo un error, una falla en su actuar”, explicó.
Y en esa línea, espera que “el gobierno actúe en consecuencia y acepte su renuncia”.
Por su parte, el diputado Chahín estima que no fue la mejor decisión, ya que la superintendencia estaría sólo traspasándole la responsabilidad a la Presidenta. “Es una actitud bastante poco responsable. Lo que tiene que hacer una autoridad ante un dictamen así de lapidario es renunciar”, añadió.
Otros parlamentarios no son tan tajantes. Por ejemplo, Leopoldo Pérez (RN) piensa que se trata de una medida prudente.
“Yo creo que ella quiere dejar un poco en libertad de acción a la Presidenta (...) a partir del informe de la Contraloría y los cuesitonamientos a través de la comisión investigadora, pero particlarmente de las críticas de la Democracia Cristiana”, enfatizó.
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