El debate en torno al proyecto de ley que facultará a las entidades no bancarias a emitir tarjetas de prepago se ha intensificado en las últimas jornadas, sobre todo considerando que los senadores tienen hasta el 4 de julio para presentar sus indicaciones.
Y no son sólo la incorporación del Metro a dicho mercado o la red por dónde van a traspasarse los datos de las transacciones generan dudas. Ahora surgió otro elemento: el capital mínimo que se les va a exigir a los futuros emisores de estos plásticos para poder participar del negocio, decisión que debe tomar el Banco Central.
De acuerdo al senador Eugenio Tuma (PPD), en un principio se habló de 100 mil unidades de fomento (unos US$ 3,8 millones), lo que a su juicio es excesivo considerando que en empresas de Europa sólo se pide 350 mil euros (unos US$ 400 mil).
Es por eso que está analizando agregar una indicación para precisar que la suma que determine el BC no sea excesiva ni impida la entrada de actores a la industria, ya que a su juicio, el objetivo es aumentar la competencia.
El senador Juan Antonio Coloma (UDI) también considera importante que no sea un monto tan elevado, aunque advierte que eso tampoco significa que deba generarse una debilidad al respecto, dada la importancia de la seguridad que tiene que tener ese mercado. Y en ese contexto, dice confiar plenamente en el Banco Central. “Es una buena decisión entregarle esa responsabilidad”, comenta.
De todas formas, para el parlamentario este tema pierde relevancia mientras no se sepa con claridad lo que va a pasar con Metro, pues con la entrada de la empresa estatal se podría ver una “posición dominante”, a su juicio.
En el mercado, en tanto, aseguran que este requerimiento de capital no es tema para algunas entidades no bancarias, las que están preparadas hace un tiempo para participar del prepago. Estas son las compañías retail más grandes, y lo mismo ocurre en la industria de las cooperativas y las cajas de compensación.
Otra fuente dice que este será un negocio de volúmenes que no está pensado para actores pequeños y lo compara con los bancos, entidades que si bien ya tienen buenos niveles de capitalización, deberán aumentarlos para adaptarse a los estándares internacionales de Basilea III.
Monto requerido
A juicio de Tuma, el monto que el Banco Central va a determinar debería estar entre los US$ 300 y US$ 400 mil, “emulando la experiencia europea”.
El presidente de Paytech -holding especialista en tecnologías de medios de pago y program management-, Paulo Paulek, también destaca que en un comienzo se habló de capitales mínimos de 100 mil UF para las cooperativas y de 400 mil UF (US$ 15 millones) para el resto de las entidades, lo que a su juicio no es correcto, dado que deberían haber reglas iguales para todos.
En ese contexto, y teniendo en la mesa el ejemplo de Brasil, donde las compañías que se constituyen para emitir tarjetas de prepago totalizan US$ 1,5 millón, estima que en Chile el monto debiera estar entre US$ 1 y US$ 1,5 millón.
De todos modos, es el Banco Central el que tomará la decisión cuando la iniciativa sea aprobada en el Congreso.
Consultado al respecto, el organismo señaló que “el proyecto de tarjetas de prepago para entidades no bancarias se encuentra en trámite legislativo y el Banco Central entregó su opinión a la Comisión de Hacienda del Senado el 8 de marzo de este año. Las acciones que deba ejercer o no el Banco Central respecto de este tema dependerán de los contenidos que tenga la ley una vez que haya sido aprobada”.
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