Por 44 votos a favor, 35 en contra y 1 abstención, la Cámara aprobó el informe de
la Comisión
que investigó los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el BancoEstado al Transantiago, y que el Tribunal Constitucional había
impugnado.
La
Comisión Investigadora, presidida por el diputado Carlos
Olivares (DC) y aprobada en septiembre para ahondar sobre este tema, atribuyó al Gobierno
una responsabilidad colectiva grave, al haber abusado de sus atribuciones y
arrogarse facultades que le corresponden exclusivamente al Congreso.
El documento también menciona que la situación actual de Transantiago es
financieramente desesperada ya que de aplicarse a su situación las normas de
derecho común, se trataría de una empresa en quiebra.
Junto con ello, el informe atribuye la responsabilidad de
las irregularidades a los ministros de Transportes y Telecomunicaciones, René Cortázar y de Hacienda, Andrés Velasco, junto a Asesores Jurídicos y Fiscales; y asimismo, al vicepresidente
Ejecutivo de la Corfo "todos quienes, no obstante las advertencias del Tribunal Constitucional y de
los abogados externos que, con ocasión de la discusión del crédito del Banco
del Estado, representaron sus reparos a los procedimientos efectuados,
perseveraron en este accionar".
Según el texto, los ministros René Cortázar y Andrés Velasco jugaron un rol activo en la concreción de una
estrategia política, técnica y comunicacional destinada a sustentar una
construcción jurídica que, vulnerando la Constitución y las
Leyes, permitiera seguir financiando el sistema de transportes de Santiago, por
una vía alternativa al Congreso Nacional.
Por último, se menciona que la actuación del BID en la operación que autorizó
un crédito por US$ 400 millones al Transantiago, fue desprolija e
irresponsable, a la hora de establecer los controles adecuados y tuvo un trato
disímil, a la hora de verificar el cumplimiento de las regulaciones específicas
que caracterizan este tipo de créditos entre la institución y los privados,
precisamente, por las garantías que el Estado presentó para poder sustentar
este crédito.
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