POR PATRICIO TORREALBA
En duros términos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contestó el recurso de reclamación presentado por la defensa de Julio Ponce a la justicia, acción -que junto a la réplica presentada por el organismo representante del Estado en contra de Manuel Bulnes- permitió concluir con una de las partes más relevante del proceso donde los sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) buscan revertir la multa por US$ 164 millones definida por el regulador.
En su respuesta a Ponce, el CDE volvió a apuntar a la fórmula de la confusión. Indicó, en esta línea, que el cálculo de utilidades expresado por éste respecto de las operaciones cuestionadas fue “novedoso”. “El Sr. Ponce señala que no puede haber pérdidas cuando una operación es realizada a precio de mercado, porque no hay despojo de patrimonio”, dijo la entidad, añadiendo que “entonces, para él si una persona compra 100 acciones a $ 100 y luego las vende a $ 10 y en ambas ocasiones lo hace a precio de mercado, no hay pérdida alguna de patrimonio”.
En cuanto a ello -continuó el CDE- “al parecer el Sr. Ponce está reconstruyendo las finanzas, porque no se encuentra otra explicación a esta sinrazón”.
Al mismo tiempo, el Consejo sostuvo que con el fin de evadir su responsabilidad, “el Sr. Ponce al igual que el Sr. Motta, insistentemente, hace mención a eventuales pérdidas del control de SQM, pero evitan referirse a cómo podrían perder el control de ésta última, siendo un argumento vacío que busca disfrazar el hecho que las operaciones sociales de las sociedades Cascada, durante el periodo en que se desarrolló el esquema, buscaban entregar oportunidades de negocio al Sr. Julio Ponce Lerou”.
Rebatió, además, el énfasis realizado por la defensa en el que las Cascadas fueron “fuente de riqueza” para sus accionistas y dijo que “sin perjuicio de los alcances que podrían hacerse sobre tal afirmación”, aquí incumbe evaluar “la existencia de múltiples y reiteradas operaciones que contrario a su interés social, implicaron la extracción de riqueza desde estas sociedades hacia sociedades del Sr. Ponce principalmente”.
En relación a la acusación de Ponce de que la SVS no consideró sus pruebas, la institución encabezada por Juan Ignacio Piña recordó que se fijó “el plazo más largo que permite la ley, se recibió su prueba, la cual fue extensamente analizada en la resolución sancionatoria (…) ignoramos en tal sentido, por qué el Sr. Ponce alega que dicha resolución no ponderó su prueba, lo cual más parece responder a su molestia de porqué ésta no fue apta para desvirtuar los cargos, siendo en su demanda incapaz de indicar qué pruebas no habrían sido analizadas y cómo y por qué el valor de las mismas habrían necesariamente llevado a una decisión diversa a la contenida en la resolución”. Se trata, añadió el organismo, de “críticas vacías, sin fundamento cierto y concreto”.
Los siguientes pasos
En los próximos meses, lo que viene en el proceso estará marcado por la fase de alegatos de las partes, y recién hasta “bien entrado 2015” se daría paso a la resolución, según estiman abogados de la plaza.
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