Por Daniela Morchio
No sólo las entidades fiscalizadoras pondrán su ojo sobre La Polar, sino que ahora también lo hará la Justicia. Esto luego que ayer AFP Provida diera el primer paso al presentar una querella criminal en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables por estafa y otros delitos, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores por malas prácticas en el manejo de su cartera crediticia.
La acción se basa en lo que señala el decreto Ley 3.500 en el sentido que “las administradoras estarán expresamente facultadas para iniciar todas las acciones legales que correspondan en contra de aquel que cause un perjuicio a cualquiera de los fondos de pensiones que administran”.
La decisión de Provida se fundamenta en cinco puntos:
1. Ocultamiento mediante reprogramaciones unilaterales de una gran cartera impaga y morosa y de muy difícil recuperación, de cientos de millones de dólares, haciéndola aparecer como cartera vigente.
2. Lo anterior habría favorecido a la empresa para evitar hacer provisiones, que sobrepasarían los US$ 500 millones.
3. La real situación económica de la multitienda se distorsionó y se presentaron cifras adulteradas en los estados financieros, modificando la información entregada al público en general, a los acreedores, accionistas y a las superintendencias.
4. Con la información adulterada, la multitienda tuvo acceso a crédito bancario y a captar recursos financieros mediante bonos y efectos de comercio.
5. Al 31 de diciembre de 2010, la cartera de clientes de La Polar ascendía a cerca de US$ 1.643,4 millones y su cartera castigada y provisionada era del orden del 15% del total. Los antecedentes disponibles apuntan a que más del 40% de la cartera total estaba en mora oculta.
Siguiendo sus pasos
Aunque trascendió que las AFP realizarían una demanda en conjunto, finalmente lo harán de manera independiente. En Cuprum presentarán una querella criminal, mientras que en Capital sostuvieron que aunque no definen la forma ni los representantes, entablarán acciones legales pronto. En Habitat están pidiendo información para definir el mejor modo de defender los intereses de los afiliados.
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