Michelle Cazenave L.
Ayer fue un día clave para el denominado caso Falabella-D&S: a las 14:10 horas comenzó la formalización que dio inicio al proceso penal por uso y revelación de información privilegiada que, dentro del proceso de una finalmente fallida fusión, dio paso a una investigada compra de acciones en 2007.
Pero contrario a lo que se anticipaba, un ambiente distendido y la ausencia de dos de los involucrados fueron los hechos que marcaron la audiencia -una de las esperadas del último tiempo- que no obstante terminó, tras previo acuerdo entre el Ministerio Público y los imputados, con la suspensión condicional de la causa: una salida alternativa al proceso y, a través de la cual, los inculpados no asumen culpabilidad.
Los primeros en llegar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fueron el ex controlador de la arrocera Tucapel, Vicente Aresti, junto al ex gerente general de la misma compañía, Alejandro Irarrázabal, y su sobrino, Eugenio Eben Aresti. Todos acusados del delito de uso de información privilegiada y que, además de contar con la defensa de los abogados Juan Pablo Hermosilla y Rodrigo de la Barra, se hicieron acompañar de su asesor legal Jorge Schenke. Los siguió la periodista y ex asesora externa de D&S en la agencia Extend, Ana María Laguna, -quien junto a la principal accionista de Falabella, María Luisa Solari, fueron inculpadas de revelación de información privilegiada- y su ex marido, Peter Bruno Studer. Solari, y su pareja, Marcel Zarour, se ausentaron, por lo que -excusados por su representante Cristián Muga y certificado médico de por medio- serán formalizados el 25 de abril.
Condiciones menores
Cercanos al polémico caso señalan que el procedimiento era considerado como una causa débil entre los involucrados, para quienes resultó conveniente acordar con el Ministerio Público condiciones más bien "menores para finalmente poder olvidarse del asunto".
Justamente, Hermosilla, quien también ofició en la defensa de Laguna, manifestó que se cooperó en todo lo necesario y requerido por la autoridad y, por el momento, se deja atrás esta etapa y se puede seguir con los negocios y las actividades profesionales de cada uno. Lo que reafirmó el fiscal a cargo en reemplazo de Ximena Chong, José Manuel Ramírez: se trata de delitos con penas bastante bajas, por lo tanto, está dentro de los marcos y ellos estuvieron también llanos a llegar a esta salida alternativa, explicó.
En este sentido, la realización de aportes a diversas instituciones benéficas figuró como el requisito más estricto para mantener la suspensión de la causa, de cuyo cumplimiento depende que no se revoque la decisión.
De esta manera, los Aresti e Irarrázabal deberán entregar un 10% de las utilidades de la supuesta operación que se les acusa, lo que significará destinar $ 43 millones a beneficencia: $ 10 millones al Hogar de Cristo, otros $ 10 millones a María Ayuda y $ 23 millones a diversas instituciones de cuidado animal, pagos que deberán acreditar en un máximo de 60 días.
Por su parte, Ana María Laguna en 30 días entregará una donación por $ 787.959 al hogar de acogida de la Congregación de Hermanos del Buen Samaritano, cifra correspondiente al 10% de lo invertido en el supuesto delito. Igual monto le correspondió a su ex pareja Peter Studer, quien acreditó ante la Fiscalía un aporte a la fundación Abrazarte. Adicionalmente, dentro de un año los involucrados deberán acudir mensualmente a firmar al Ministerio Público y tendrán que fijar su domicilio, dando aviso al mismo cada vez que éste sea modificado.
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