El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, insistió en las críticas del gremio a la batería de reformas que el gobierno está llevando adelante y el impacto negativo que ellas podrían tener, lo que se suma a los desafíos que esta industria enfrenta hace años, como la crisis energética, la escasez de recursos hídricos, la baja productividad y la judicialización de sus proyectos.
"Desafortunadamente, esta agenda coincide con la pérdida de competitividad y productividad del país y de la industria minera en particular y con la baja de los precios de los commodities. ¿Cuánto influye cada uno de esos factores en la ralentización o postergación de inversiones? Sería absurdo decir que todo se debe a modificaciones legislativas o se debe al enfriamiento internacional. Probablemente sea un grupo de factores. Sin embargo, lo peor que podría hacer el sector es restarse de la discusión de estas reformas", dijo ayer el dirigente, en su intervención en la cena del gremio, a la que asistió la presidenta Michelle Bachelet.
Villarino aclaró que la industria debe presentar las consecuencias de estos cambios, algo que no debe tomarse como una hostilidad sino como un aporte honesto.
"Es posible que al mundo empresarial le haga falta sintonía fina con los efectos políticos de hacer o no hacer algunas reformas pero, también es posible que algunas requieran una mejor evaluación del costo/beneficio integral sobre la economía", aseguró.
El dirigente dijo que comparado con la del inicio, la actitud del gobierno ha mejorado, al tiempo que dedicó parte de su discurso al funcionamiento del orden público y la debida tutela judicial, que "no están operando adecuadamente".
Sobre la acción de los tribunales, el dirigente precisó que el propio presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ha dado luces respecto de las claves para entender "la causa de la incertidumbre a la que nos vemos enfrentados", pues varios fallos de la corporación permiten acoger demandas sociales, comunitarias y de grupos de interés, que son considerados más débiles o desprotegidos o cuya causa "tiene un fuerte impacto mediático que genera una simpatía espontánea".
"Aunque las demandas, aspiraciones o peticiones sean razonables, estas no se pueden acoger si para ello es necesario torcer o desfigurar las instituciones. En la práctica constituye una suerte de derogación de la ley por parte de los tribunales de justicia, puesto que se maneja el contenido para lograr objetivos ajenos a ella", apuntó.
En consecuencia planteó que las instituciones públicas no están dando las soluciones que se necesitan para sacar adelante los proyectos.
La presidenta Bachelet dijo a su turno que en medio de todos los desafíos del sector, como el fin del superciclo de precios de los metales, la contribución que puede hacer la industria es "jugársela por nuevas inversiones, innovación, sustentabilidad y mejor vinculación con las comunidades".
"La experiencia nacional e internacional demuestra que donde se garantizan la participación y diálogo temprano, informado y simétrico, con incidencia en los distintos niveles de la toma de decisiones, hay más integración e identificación en torno a los proyectos. Es decir, hay buenos negocios, en lugar de judicialización de los proyectos", dijo.
Al final de su intervención la mandataria dijo que para enfrentar estos desafíos se requiere un diálogo razonado, para el cual dijo estar disponible.
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