Un relevante cambio se produjo en la primera línea de Cencosud: Thomas Grob dejó la gerencia Inmobiliaria del conglomerado, puesto que ya asumió un exejecutivo de Walmart, Matías Montero.
El principal desafío del nuevo ejecutivo es desarrollar el centro comercial de Cencosud en Vitacura: requiere US$ 120 millones y lleva parado más de 14 años.
Grob -ingeniero Civil Industrial de la UC- recaló en Cencosud en marzo de 2020 (tras dejar la gerencia general de La Parva Ski Resort) y estaba próximo a cumplir cinco años en el grupo controlado por la familia Paulmann.
Según versiones extraoficiales, presentó su renuncia para abordar proyectos personales. Consultada la empresa, evitó referirse al tema.
En su reemplazo, hace unos días asumió el arquitecto Matías Montero, quien estuvo más de doce años en Walmart Chile, alcanzando el puesto de gerente de Desarrollo Inmobiliario.
Grob lideró en los últimos años el proyecto de un nuevo centro comercial de Cencosud en Vitacura, en el sector La Pirámide, al lado del colegio Saint George's, el que ha tenido una fuerte oposición de algunos vecinos. Este será uno de los principales desafíos que tendrá a su cargo Matías Montero.
Thomás Grob, ex gerente del área inmobiliaria de Cencosud
La obra lleva parada más de 14 años, pues se esperaba partir su construcción en 2009, pero fue recién en julio de 2023 cuando la compañía lanzó oficialmente el proyecto, para lo cual presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante la autoridad. Ahí se detalló que la iniciativa tendría 71 mil metros cuadrados construidos, con tres niveles de altura destinado a locales comerciales, tiendas ancla, supermercado, cine, centro médico, entre otros. La inversión se estimaba en US$ 120 millones y la idea era partir su ejecución en abril de este año.
“Queremos que este sea el primer molde de una nueva generación de centros comerciales que involucre todo lo que aprendimos de la pandemia, las nuevas tendencias y básicamente, que represente un hito dentro de nosotros”, dijo en aquella ocasión Thomas Grob.
No obstante, un mes después de presentada la DIA, la empresa decidió frenar el proceso.
“Solicito retirar del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Centro Comercial Cencosud Shopping en Vitacura”, dijo Grob en una carta a la autoridad.
Pocos días antes, se había conocido el pronunciamiento de la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, quien exigió poner término anticipado a la evaluación ambiental.
“El proyecto no presenta información relevante y esencial en la evaluación en materia de impactos relativos a los sistemas de vida y costumbre, particularmente aquel referido a los tiempos de desplazamiento, dado que la información que se entrega en la DIA se basa en un Informe de Mitigación Vial no aprobado por la autoridad competente que, además adolece de errores técnicos”, dijo la autoridad comunal.
La empresa volvió a la carga en octubre del año pasado: presentó una nueva Declaración de Impacto Ambiental, en la cual se detalló que la inversión se mantiene en los US$ 120 millones, pero la fecha estimada de inicio de ejecución se trasladó para noviembre de este 2025.
Ante la solicitud de varios vecinos del proyecto, se abrió un Proceso de Participación Ciudadana (PAC), el que -en palabras del SEIA- comprende los derechos de la ciudadanía “que aseguren una participación informada de la comunidad en el proceso de calificación ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental y de las Declaraciones de Impacto Ambiental”.
Para la Junta de Vecinos A12 Lo Curro, el proyecto alterará los sistemas de vida de los habitantes de la comuna de Vitacura al obstruir su libre circulación y aumentar considerablemente sus tiempos de desplazamiento.
Además, el presidente de la junta, Álvaro Valdés, sostuvo que “un aumento en la congestión vehicular implicará mayores emisiones atmosféricas y de ruido a las que los vecinos integrantes de mi representada se verán expuestos, pudiendo causar efectos sobre su salud, especialmente considerando el efecto sinérgico que provocará el proyecto en la comuna”.
Bernardita Correa, del Centro de apoderados, padres y madres del Saint Georges College, sostuvo que les preocupa “los efectos directos e indirectos que el proyecto generará sobre los más de 2.700 alumnos del colegio y a toda la comunidad escolar, incluyendo, asistentes, profesores y apoderados”.
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