“Agradecemos a todos quienes confiaron en nosotros en estos 43 años de grandes logros (…). Ya no tenemos fuerzas, pero estamos satisfechos de lo que hicimos. Mientras muchos cerraron sus puertas, nosotros enfrentamos la adversidad”.
Pedro Pablo Pizarro y Andrés Rosselot, socios de la constructora Queylen, solicitaron la liquidación voluntaria de la compañía, fundada en 1979 y que se centró en tres áreas específicas de desarrollo: viviendas, industrial y edificios comerciales e institucionales.
La compañía -que llegó a emplear a más de 1.114 trabajadores- apuntó a la crisis social y la pandemia, sumándose a la larga lista de empresas del rubro del ladrillo y el cemento, que han bajado sus cortinas por los mismos motivos.
“En fin, presentamos a nuestra querida empresa con una pérdida de $ 7.037.560.309 en el ejercicio 2022, con una deuda total de $ 44.090.651.340, con 85 trabajadores contratados y con un inventario de bienes de un valor libros de $ 617.459.341 a fin de que en este proceso se determine su destino”, dijeron los socios de la firma en su presentación a la justicia.
Ahí detallaron que, en el área de vivienda, desde el año 1981 hasta el 2019, la empresa construyó 7.562 casas y 787 departamentos por un valor de ventas por US$ 660 millones; en industrial, levantó 120 propiedades por US$ 376 millones, y en edificación comercial e institucional, desarrolló más de 26 proyectos por US$ 70 millones.
“Lo inimaginable”
Los socios explicaron a la justicia que los primeros problemas partieron en octubre de 2019 con el estallido social: un mandante decidió detener el inicio de obras en la comuna de La Florida producto del atraso en todo el sistema de permisos, tanto del gobierno central como desde los municipios, además del ambiente de incertidumbre.
“Luego lo inimaginable que sucedería en marzo de 2020, cuando se desata la pandemia Covid-19 en Chile. Todo lo que era impensado ocurrió: restricciones de circulación, pérdida de productividad, aumento de costos de traslados y escasez de mano de obra”, señalaron.
En ese entonces, la empresa tenía once contratos en ejecución, todos a suma alzada. La constructora explicó que con algunas inmobiliarias relacionadas logró compartir pérdidas, pero -dijo- los costos resultantes se dispararon.
“Es importante destacar que en la época de la pandemia, con la banca no fue posible recurrir a fondos de ayuda impulsados por la autoridad producto de la situación del rubro y por las condiciones nuestras a esa fecha. Los plazos de ejecución se dilataron, el costo proyectado de la mano de obra se encareció tanto por tiempo y valor, los bancos en su mayoría tomaron una posición defensiva amparados en la protección que les brindaban sus hipotecas”, dijeron los socios de la compañía.
Frente a este escenario, se destacó que todos los controladores de la empresa comprometieron aportes de capital en dos oportunidades y otros préstamos a la constructora para tratar de salvar la situación: “Pedro Pablo Pizarro, Andrés Rosselot, Juan Pablo Vildósola, Alfred Richter, y Freddy Zuñiga dejaron además de percibir remuneraciones y dividendos de toda especie con grave sacrificio personal y de sus familias”.
Y se añadió: “Pese a ello, tomaron la firme decisión de luchar, de seguir peleando e intentar reducir con todas las fuerzas que podían la exposición, más que de la empresa y sus socios, que ya en ese entonces se veía como un desafío de proporciones épicas, de todos en quienes habían confiado en ellos, de sus entonces 1114 trabajadores, de las 200 familias de clase media que habían confiado en ellos promesando viviendas que ansiaban conseguir, de sus aliados los proveedores, de inversionistas, compañías de seguros y también los bancos. Avanzar sin descanso en la ejecución de los contratos pendientes para lograr la recepción de las obras, la entrega de las casas y luego ver si lográbamos salir airosos”.
A la fecha, la empresa acumula sobre 65 juicios civiles y comerciales, por unos $ 2.500 millones. “Tuvimos la comprensión de muchos. Otros, con legítimo derecho, nos demandaron pese a conocer perfectamente la situación (…). Ha sido un frente muy complejo de manejar, con embargos de hasta los materiales de oficina. Una importante entidad financiera matriz nacional (que en otros tiempos recibió la ayuda del país en circunstancias análogas) frenó con grave daño el avance de las obras de su proyecto al suspender el acuerdo de financiamiento, los ejecutivos responsables de esa decisión ya no están en sus puestos”, señalaron Pizarro y Rosselot. “Otros, confiaron en nosotros, nos ayudaron con controles estrictos en terreno”, añadieron.
Actualmente, de las once obras en ejecución, la constructora dijo que logró terminar el 100% de nueve de ellas. “Lamentablemente, las dos obras inconclusas presentan a esta fecha un 55% y 14% de avance y dada la deuda insoluta actual, recientemente nos han embargado las oficinas centrales; no vemos posible seguir avanzando", dijeron los socios a la justicia.
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