El exceso de rigidez en disposiciones del Reglamento para Contratos de Obras Públicas -el cual no ha sido actualizado en años- es visto como un obstáculo para el desarrollo proyectos en los que participan los sectores público y privado.
Desde hace algunas semanas, y bajo el alero del Instituto de la Construcción, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Cámara Chilena de la Construcción y el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), entre otras instituciones, se encuentran trabajando en una propuesta de modificación a la normativa. Esto, con el propósito de convertir a estos contratos en un mecanismo más eficiente que el actual, que no permite realizar cambios para dar cuenta de eventualidades surgidas durante el desarrollo de los proyectos, o que el MOP modifique sus condiciones de manera unilateral en resguardo del interés público. Según el titular del MOP Juan Carlos García, el ministerio ha visto “con diagnósticos bastante conocidos” que este reglamento “requería actualizaciones urgentes”.
“Hemos visto, con diagnósticos bastante conocidos, que el reglamento requería actualizaciones urgentes”,
señala el titular del MOP, Juan Carlos García.
En este contexto, la cartera estudia indicaciones que apuntan a mejorar la eficiencia de los recursos públicos en este tipo de obras, incentivar la economía circular, lograr “tiempos más cortos de respuesta por parte del MOP, aumentar los incentivos a la industria para una mayor eficiencia en su proceder” y al resguardo de la certeza jurídica y administrativa de las empresas que trabajan con el Estado. “No estamos armando un bloque muy grande de propuestas, porque eso no es muy eficiente (...) Son modificaciones progresivas”, sostuvo. Una de las indicaciones ya ingresadas a Contraloría tiene relación con el mejoramiento del sistema de pago contra recepción en los proyectos de edificación pública en aquellos casos que “involucran diseño y obra en un solo contrato, respecto de los cuales veíamos algunos espacios de poca claridad en cuanto a las responsabilidades entre el ministerio y la empresa constructora que era necesario despejar”, explica García.
Señala que el MOP espera la respuesta de la Contraloría “para poder implementarlo a la brevedad”.
Acción de la Contraloría
El rol de la Contraloría en los contratos entre el MOP y privados no está en discusión en este proyecto. Sin embargo, algunos expertos consideran que un tema que es necesario modificar. Víctor Ríos, fiscal del CPI, señala que más allá de que la Contraloría “pueda inmiscuirse en asuntos técnicos, la causa de dicha intromisión es que el reglamento no regula sistemáticamente de forma ordenada y clara diversas situaciones en la ejecución de un contrato de obra pública”. Y se permite, agrega, que tanto la Contraloría, el MOP y el contratista interpreten las condiciones “como les parece mejor, lo cual es un campo fecundo para las controversias porque el reglamento no es claro”.
El abogado sostiene que un objetivo clave en las modificaciones al Reglamento para Contratos de Obras Públicas es que “todos quienes tienen que interpretarlo y aplicarlo tengan menos posibilidades de discutir su alcance, así como hacer interpretaciones inadecuadas y discrecionales”.
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