La decisión ya está tomada. Salvo negociaciones de último minuto, la administración del Fondo de Inversión Privado (FIP) Vantrust CVV II, el principal acreedor de Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), iniciará acciones legales en contra de un grupo de aportantes ligados a la quebrada constructora.
El lunes 28 de noviembre, tras una asamblea de aportantes, el FIP -gestionado por la administradora ligada a Patricio Nazal- concretó un llamado de capital por casi $ 1.000 millones a la serie subordinada del mencionado instrumento de inversión, en que participan personas relacionadas a la quebrada firma.
Sobre la base de un modelo de deterioro, se calculó que la pérdida estimada de la cartera del fondo, tras la quiebra de la constructora, podría alcanzar los $ 3.590 millones.
Cinco días después, el viernes 2 de diciembre, no se enteraron los recursos solicitados, por lo que, a juicio de la administración del fondo, los aportantes entraron en incumplimiento.
“Se está preparando una demanda para ser presentada en las próximas semanas”, dijo bajo reserva una fuente conocedora de las tratativas.
El fondo que invirtió en CVV establece dos series de cuotas: subordinada (donde solo participan personas relacionadas a Claro, Vicuña, Valenzuela) y preferente (compuesta por una serie de clientes de la administradora de fondos).
Esta última se lleva un retorno del 0,7% mensual nominal; como contrapartida, la subordinada toma cualquier exceso, independiente del monto que pueda llegar a alcanzar.
Además, el reglamento del fondo establece que la relación entre la serie preferente y subordinada debe representar siempre un 75%-25%, respectivamente.
Disputa interna
La decisión de solicitar la inyección de recursos a la serie subordinada se tomó el 25 de noviembre, en la asamblea de aportantes del FIP.
Ahí se explicó que el reglamento interno del fondo dispone que éste tiene por objeto invertir sus recursos en facturas y/o títulos de crédito confirmados, y que sean susceptibles de ser enajenados, emitidos por proveedores de la constructora CVV.
En la asamblea, la administración del FIP detalló que, a la fecha de la liquidación voluntaria de la constructora, mantenía en cartera pagarés, operaciones de confirming e intereses por las operaciones mencionadas, por $ 6.550 millones.
Sobre la base de un modelo de deterioro, se calculó que la pérdida estimada de la cartera del fondo, tras la quiebra de la constructora, podría alcanzar los $ 3.590 millones, por lo que el nuevo valor rozaría los $2.950 millones.
Dado esto, según explicó la administración del FIP, en base a información de personas que participaron en la asamblea, el valor de la cartera no era suficiente para cubrir los aportes de capital y el retorno esperado de la serie preferente.
Luego, se explicó en la asamblea que, según el reglamento interno del FIP, la serie subordinada debe representar siempre, a lo menos, un 25% del total de las cuotas suscritas y pagadas del fondo. En caso de disminuir el porcentaje, los aportantes de esta serie deben enterar nuevos aportes para reestablecer los mínimos exigidos.
En base al valor cuota antes mencionado, según el modelo de deterioro tras la quiebra de CVV, la administración del FIP señaló que era necesario que los aportantes de la serie subordinada enteraran nuevos aportes de recursos, hasta permitir que se restituya la proporción mínima indicada, lo que se cuantificó en $ 985 millones.
En la asamblea se anunció que, en caso que no se enteraran los recursos, el fondo ejercería acciones para hacer cumplir lo dispuesto en el reglamento interno, que es lo que se está preparando, según fuentes de Vantrust.
Desde la vereda de quienes hasta ahora se han considerado personas relacionadas a Claro, Vicuña, Valenzuela en el FIP (los ya mencionados titulares de la serie subordinada), se está planteando que estos inversionistas y sociedades no tendrían tal calidad, por lo que no tendrían la obligación de enterar los aportes solicitados.
En la reunión de aportantes, el abogado Rodrigo Puelma dijo que las personas naturales a las que representa no les corresponde participar en la serie subordinada, sino que en la preferente, pues a su juicio no eran relacionadas a CVV, explican personas que participaron de la asamblea.
En el entorno de Vantrust afirman que esto no es así, y que desde el minuto uno en que se conformó el fondo quedó claro que estos inversionistas están vinculados a la constructora.
De hecho, en la misma asamblea de aportantes, el abogado del fondo, Sebastián Delpiano, hizo ver que en los contratos de aportes se establecía claramente a la serie a la cual ingresaban al fondo, y que esto nunca fue cuestionado, hasta ahora,
Incluso, dijo que le llamaba la atención el reclamo de los aportantes de la serie subordinada justo cuando la constructora pidió su quiebra.
Pero no es todo. En la asamblea de aportantes, la administración del FIP anunció que se está evaluando ejercer acciones legales contra Claro Vicuña Valenzuela S.A., sus accionistas, directores y personas relacionadas que, eventualmente, hubieren ocasionado perjuicios al fondo.
A fines de octubre, la constructora solicitó su quiebra voluntaria, anunciando la paralización de más de 30 obras y el despido de 2.500 personas. Sus pasivos superan los US$ 60 millones.
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