El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza,
descartó que se haya usado el 2% constitucional para financiar los créditos del
BID y BancoEstado, y manifestó su preocupación por el posible abuso de este
recurso constitucional.
Mendoza respondió a las inquietudes que plantearon los
parlamentarios de la Comisión que investiga los préstamos de ambos organismos
al Transantiago, luego de que el 31 de diciembre el ministro de Transportes,
René Cortázar, anunciara que el Gobierno decidió pedir nuevamente el 1%
constitucional para financiar el sistema de transporte capitalino en 2009. Ya
en septiembre se había acordado usar el 2%.
El Contralor reiteró la información que ya había entregado en una sesión
anterior respecto del análisis que está llevando a cabo una comisión de la
Contraloría sobre las circunstancias en las que se solicitó y se ha utilizado
este 2% constitucional.
"Todos esos recursos están debidamente auditados y se han hecho
observaciones que están puestas en aquel informe, pero reitero que del 2% no
han salido recursos para pagar el crédito del BID ni del BancoEstado, sino que
salen de operaciones de descuentos diarios de los ingresos del sistema",
recalcó el Contralor.
Pese a esto, Mendoza manifestó su preocupación por el posible abuso del recurso
constitucional del 2% para financiar el Transantiago de manera permanente.
En este sentido agregó que "nosotros tenemos que ver si existen los
recursos en el Tesoro Público y si están las condiciones para aceptar actos de
esta naturaleza, por lo que se va a ponderar si esto se hace de manera
excepcional o se transforma en una medida normal para solucionar el déficit, lo
que nos preocuparía".
El diputado Carlos
Olivares, quien preside la instancia parlamentaria, señaló
que "sería una reiteración el solicitar este porcentaje constitucional;
ahora se pide un 1% invocando la causal de agotamiento de los recursos del
servicio, lo que creo que no se da porque el servicio no tenia recursos del
Estado, por lo tanto no se han agotado".
La Comisión Investigadora analiza las presuntas irregularidades del préstamo
por US$ 400 millones que fue aprobado por el BID durante abril del 2008, con la
finalidad de respaldar financieramente al servicio de transportes y contribuir
a su funcionamiento y calidad, y que posteriormente fue declarado
inconstitucional por el TC.
La instancia proseguirá su trabajo durante esta tarde, en la sesión
a la que está invitado el Ministro de Transportes, René Cortazar.
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