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REGÍSTRATE AQUÍAsí lo acordó la Comisión de Economía del Senado, en el marco del proyecto que aumenta las facultades del TDLC.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 18 de diciembre de 2008 a las 16:00 hrs.
Fuertes sanciones y
multas para las empresas que atenten contra la libre competencia
estableció la Comisión de Economía, en el proyecto que aumenta las
facultades del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Así lo
afirmaron los senadores Guillermo Vásquez (PRSD) y Jovino Novoa (UDI), presidente e
integrante de la Comisión de Economía, respectivamente. La instancia
recibió además al Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara.
Los parlamentarios señalaron que se acordó aumentar de 20 mil a 30
mil unidades tributarias anuales, es decir, de $8 mil millones a $12
mil millones, el monto máximo de las multas para las empresas que
incurran en colusión para la fijación de precios en el mercado.
Además coincidieron en la necesidad de establecer la figura de la
"delación compensada" como un estímulo para que las personas involucradas
en investigaciones entreguen información relevante sobre los casos a
cambio de beneficios como la reducción de las sanciones. Sin embargo,
esta norma será votada la primera semana de enero.
El senador Vásquez explicó que "en el resto
de las infracciones se mantiene el umbral de las 20 mil UTA y se avanzó además
en establecer la prohibición de que las multas por infracción a la libre
competencia sean pagadas por las empresas, cuando corresponden a los
ejecutivos o gerentes".
Precisó que "en estos casos las multas
deberán ser pagadas con el patrimonio personal de los infractores como una
forma de inhibir la comisión de actos atentatorios a la libre
competencia".
Por su parte, el senador Jovino Novoa, se mostró
satisfecho con el aumento del umbral de las multas para los casos de formación
de "carteles de empresas" porque la idea es sancionar fuertemente los
casos de colusión en el mercado y "con este rango de multas el Tribunal
tendrá un amplio margen para aplicar las sanciones".
Asimismo valoró "la disposición que impone
el pago de multas a las personas naturales para que no puedan ser pagadas por
la sociedades o las empresas, de modo de desincentivar que los directores, los
gerentes o las personas tomen las decisiones a nombre de las sociedades. Por lo
tanto, habrán mayores estímulos para actuar responsablemente".
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