Siguiendo la tendencia, el presidente de Colbún, Bernardo Larraín, aprovechó su intervención de ayer en la junta de accionistas de la eléctrica para referirse al proyecto de reforma tributaria.
Junto con reconocer el legítimo derecho de los países a subir sus impuestos y la prioridad que tiene la educación, el directivo de la eléctrica controlada por la familia Matte, también aseguró que dada la magnitud y complejidad de esta propuesta, que puede tener efectos sobre la inversión y el ahorro, que compensen los objetivos loables que persigue , “es un deber reconocer estos riesgos y escuchar las recomendaciones de distintos actores sobre los instrumentos alternativos para mitigarlos”, dijo.
Añadió que tal como se habla de alcanzar acuerdos en materia energética y respecto de la reforma educacional, al igual que la creación de una comisión para analizar cambios al modelo previsional, “no hay razones para no sostener lo mismo sobre la reforma tributaria”.
El timonel de la generadora se refirió al impacto asociado a la eliminación del FUT y a la idea instalada de que las empresas tendrán “acceso ilimitado a mayores niveles de endeudamiento”. Al respecto indicó que Colbún usó los recursos acumulados para construir nuevas instalaciones eléctricas. “No son papeles guardados en un bóveda, sino que recursos que movilizan inversiones en el sector real”, manifestó.
En paralelo, Larraín dijo que al eliminar el FUT se altera el equilibrio entre reinversión, capital y deuda que las empresas requieren para materializar sus inversiones.
Bernardo Larraín dijo que el impuesto a las emisiones de fuentes fijas, que afecta a las centrales térmicas, no va en el sentido de velar por la estabilidad en las reglas del juego, pues más allá de sus virtudes se plantean sólo unos años después de fijar la norma de termoeléctricas.
Portafolio de proyectos
Colbún tiene un portafolio de proyectos que podría desarrollar la próxima década y considera 1.000 MW de capacidad y US$ 3.000 millones en inversión.
Larraín mencionó iniciativas como la segunda unidad de la termoeléctrica Santa María (350 MW), proyecto que fue optimizado y podría reingresar a evaluación ambiental, lo que está en consulta ante la autoridad. A ello se suma la hidroeléctrica San Pedro (144 MW), que tras dos años de revisión será objeto de algunas modificaciones que serán presentadas a la autoridad y a las comunidades, así como una cartera de proyectos hidroeléctricos menores por unos 500 MW de capacidad.
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