Con el fin de conocer las medidas adoptadas por la Contraloría General de la República respecto de las denuncias recibidas por esa entidad fiscalizadora sobre el proceso del proyecto investigado, la Comisión de Derechos Humanos convertida en Investigadora del proyecto HidroAysén, este lunes en Santiago sus miembros recibieron al Contralor General , Ramiro Mendoza.
Tras la sesión, el presidente de la instancia legislativa, diputado Sergio Ojeda (DC), señaló que “Aquí hay muchas irregularidades, el Contralor General nos ha ratificado algunas de ellas, por tal razón, amerita claridad y transparencia”.
En este sentido expresó que “nos ha ratificado las aprensiones que teníamos respecto de este proyecto hidroeléctrico HidroAysén. El nos ha respondido respecto de los oficios, de las resoluciones que adoptó fundamentalmente de los temas de los alcaldes que estaban recibiendo ayudas sociales, donde el Contralor les pidió que no lo sigan haciendo”.
En este marco, dijo que “el tema de HidroAysén no está resuelto porque hay recursos pendientes en los tribunales y está la investigación en la Cámara de Diputados, de tal manera, que yo he dicho, que HidroAysén está actuando en base a hechos consumados y creo que es una actitud arbitraria por cuanto, debiera esperar que se resuelvan todos los recursos que están pendientes”.
“Porque aquí incluso el Contralor informó que el tema de SERNAGEOMIN está pendiente. Los funcionarios reclamaron por informes adversos al proyecto, que no fueron considerados, entonces, están pidiendo que se incluya. Esto ha sido lo último que hemos hecho nosotros y creemos que nos va ayudar bastante”, expresó.
Por su parte, el Contralor Ramiro Mendoza señaló que la situación de los alcaldes que recibieron ayudas sociales de parte de la empresa se aclaró y aunque es la primera vez que reciben una denuncia de este tipo, se muestran confiados en que los municipios cumplirán el dictamen. “Son entes públicos, habrá asimetría en términos jurídicos, pero en general cumplen los dictámenes”.
“Lo que nosotros dijimos es que cuando esos municipios son intervinientes en el marco de la participación que a ellos como informantes les corresponde en el contexto de la Ley 19.300, no podían recibir bienes de la naturaleza asociada al titular del proyecto, y eso es aplicable en Aysén y va a ser aplicable en la termoeléctrica en el norte y en una pesquera en el sur. Es el mismo principio”.
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