La Corte Suprema y la Contraloría General de la República tuvieron en los últimos días pronunciamientos que objetan actuaciones del Ministerio de Energía.
En primer término, en un escrito firmado por el presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, y remitido a la Cámara de Diputados se informa desfavorablemente el proyecto de ley que regula la distribución de gas por redes, una de las iniciativas legislativa que con más empeño impulsa el ministro de Energía, Máximo Pacheco, pues establece el mecanismo para regular las tarifas de aquellos operadores que excedan los umbrales de rentabilidad establecidos.
Además de ciertas "dificultades formales y de coherencia normativa", la Corte, que debe ser oída por el Congreso cada vez que una iniciativa legal propone modificar la organización o atribuciones de los tribunales de Justicia, critica las que en este caso se le dan al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Entre ellas menciona la capacidad que esta instancia tendría para poner fin a la regulación tarifaria de alguna empresa que logre acreditar el cumplimiento de los parámetros.
La Suprema también cuestionó el papel que tendrá el Panel de Expertos Eléctricos, para dirimir las discrepancias que a raíz de la regulación pudiesen surgir entre los distribuidores de gas y la autoridad. Además, aprovecha de llamar a revisar el cariz de esta instancia especializada.
No fue posible tener una reacción del ministro Pacheco respecto de este tema, aunque en el ministerio indicaron que con motivo del trámite de la Ley Corta I, donde se estableció la figura del panel, la Suprema informó favorablemente.
Contraloría
Una de las últimas acciones de Ramiro Mendoza como contralor general de la República también fue contraria a las acciones de la cartera encabezada por Pacheco.
Lo anterior porque el personero se abstuvo de tomar razón del reglamento de subtransmisión, texto que viene desde el gobierno anterior, pues entró a trámite en 2013, pero fue tomado por la actual administración, que pidió un espacio para correcciones a lo que Mendoza se opuso, a instancias de una presentación del gremio Empresas Eléctricas, representado por el estudio Vergara y Cía. Esta decisión de Contraloría supone un duro revés para cualquier repartición pública.
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