En la etapa de análisis entraron diversos actores respecto a la propuesta que contempló la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el Informe Técnico Preliminar que contiene el Plan de Expansión Anual de la Transmisión para el Sistema Eléctrico Nacional, correspondiente a 2024, la cual consiste en un proyecto de línea de transmisión de corriente continua entre las subestaciones Entre Ríos (Región de Ñuble) y Lo Aguirre (RM), que supone una inversión estimada de US$ 1.300 millones a US$ 1.500 millones.
Si bien la CNE recibirá observaciones para luego publicar el informe final, ya se iniciaron los análisis y asoman las primeras inquietudes respecto a esta obra, que sería similar a Kimal-Lo Aguirre, megalínea en evaluación ambiental que busca unir Antofagasta y Santiago.
La necesidad de un mayor refuerzo hacia el sur ya había sido planteada desde la Asociación de Transmisoras de Chile. Su director ejecutivo, Javier Tapia, calificó como una “buena señal” la propuesta de una nueva línea, ya que se necesitaba que se decretara en el plan oficial y siempre han apostado a que se les señale ahora qué es lo que se tiene que construir a partir de 2030. “Es una buena respuesta al llamado que estamos haciendo”, destacó.
“El costo de esta línea es tres veces el valor en kilómetros con respecto a la línea del norte (Kimal-Lo Aguirre)”, advirtió el exsecretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero.
A su juicio, es razonable que su entrada en operación se proyecte para 2034. Y las eventuales discrepancias que lleguen al Panel dependerán de qué tan sólido sea principalmente el análisis económico de la CNE.
El exsecretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, reconoció que en un primer análisis surgen varias interrogantes. Primero, puntualizó que es esencial comprender el análisis de costo-beneficio de esta propuesta, ya que “el costo de esta línea es tres veces el valor en kilómetros con respecto a la línea del norte (Kimal-Lo Aguirre), requiere mayor profundidad en costos de servidumbre y otros no mencionados en la resolución”.
Esto, considerando que Kimal-Lo Aguirre involucra US$ 1.500 millones con una distancia de 1.343 kilómetros, mientras la nueva línea tiene una inversión similar con aproximadamente 475 kilómetros.
Para el socio de energiE, Daniel Salazar, la viabilidad de esta obra dependerá de la robustez de la evaluación económica que se presenta, en particular los riesgos y costos que representaría intervenir el territorio que recorrería su trazado.
Explicó que el Coordinador Eléctrico evaluó tres obras semejantes -no idénticas- entre la zona centro y sur del país, pero en todas ellas no identificó beneficio económico.
Salazar advirtió que “los costos sistémicos, tanto los que remuneran costos de operación como los que remuneran infraestructura, hace bastante tiempo que vienen siendo materia de preocupación de los grandes consumidores. Durante este año, el cargo de transmisión representa en torno al 30% del total de los costos sistémicos, luego, por su relevancia, los grandes consumidores deberían realizar un análisis en detalle de las bases económicas que justifican esta obra”.
El director ejecutivo de Acenor, Javier Bustos, adelantó que están preparando observaciones a la propuesta de la CNE sobre el Plan: “la nueva línea es una obra de infraestructura muy relevante y debe ser analizada de manera exhaustiva para que genere beneficios a todos los clientes y en general al país”.
Plazos
Fuentes instalaron -por ejemplo- la duda respecto a si se requerirá estudio de franja. Y emergió otro elemento gravitante. Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera, destacó que la propuesta les parece una medida relevante y alineada con las necesidades estratégicas del sistema eléctrico.
Sin embargo, sinceró que surgen preocupaciones respecto a la factibilidad de cumplir con los plazos propuestos, dada la experiencia previa con proyectos de esta envergadura.
Consideró que “el éxito de esta iniciativa dependerá de un diseño integral que incluya la planificación territorial temprana, la participación activa de las comunidades involucradas y la implementación de medidas que agilicen los procesos de autorización”. Además, “sería necesario que esta nueva línea contemple la flexibilidad suficiente para incorporar las tecnologías más avanzadas, como almacenamiento y gestión inteligente”.
Romero, quien también lidera la consultora Valgesta, dijo que se debe analizar su real factibilidad de construcción, dado que su emplazamiento es en torno a muchas comunidades, por lo que la conflictividad social es altamente probable: “se requiere un análisis de comparación entre esta nueva infraestructura y la alternativa de sistemas de almacenamiento, que podría estar antes y con menor conflicto socio ambiental”.
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Karen Peña
