Los anuncios en materia de energía realizados por la presidenta Bachelet en el discurso del 21 de mayo llamaron la atención de una parte del sector privado -al menos, los directamente aludidos-, quienes están a la espera de los detalles técnicos para evaluar sus alcances.
Pero algunas de las interrogantes planteadas por las iniciativas mencionadas, que ingresarán a trámite parlamentario en junio, comienzan a despejarse.
Según cálculos que se manejan al interior del ministerio de Energía, los proyectos de ley de "ecualización" tarifaria -como se han denominado- y de reconocimiento para las comunas donde se emplazan proyectos de generación resultarían en reducciones de hasta un 44,1% en las tarifas eléctricas para los clientes regulados, entre ellos los residenciales, en aquellas comunas que presentan los precios más altos, como Santa Bárbara, Linares o Coronel, entre otras.
No obstante, la medida se financiará con recursos de los propios usuarios. Esto tendrá como consecuencia que, en el caso de regiones con alto nivel de población como la Metropolitana, las cuentas suban en torno a los $900 mensuales para los clientes de alto consumo (más de 180 KWh mensuales) y que paguen menos que el promedio nacional.
La medida se aplicará de manera gradual en un plazo de dos años y no afectará a los usuarios que paguen tarifas mensuales por debajo de los $16.000.
Según señaló el ministro del ramo, Máximo Pacheco, las rebajas en las cuentas producto de la "ecualización" beneficiarán a unos 80 municipios -el 23% del total de las comunas del país-, mientras que las que albergan en sus territorios centrales eléctricas, y que se verían favorecidas, serían 59.
Si bien ambas iniciativas estaban incluidas en un principio como parte del proyecto de ley de Asociatividad que el gobierno se encuentra elaborando, la complejidad del trámite parlamentario que esta iniciativa podría enfrentar -ya que entre sus acápites considera la modificación de la ley de Renta Municipales-, junto a la petición constante de las comunidades y alcaldes para que el gobierno central se hiciera cargo de las diferencias tarifarias entre Santiago y regiones, así como de las externalidades negativas que producen las centrales de generación, llevaron a la autoridad a optar por la vía de enviar proyectos separados.
El mecanismo
La reducción de las tarifas para los hogares en las comunas que muestran los precios más altos pasará por la modificación del denominado Valor Agregado de Distribución (VAD) en las boletas eléctricas, y que es parte de los cobros que se hacen a los usuarios, junto con la generación y transporte de la energía.
Este componente es la remuneración que reciben las empresas distribuidoras (Chilectra, CGE, Chilquinta o Saesa, entre las principales) por llevar la energía hasta los hogares y se calcula basándose en seis zonas o "áreas típicas" de distribución, donde la 1 (como es el caso de la Región Metropolitana) es la más barata y la 6 (donde por ejemplo, se ubica Aysén), es la más cara.
La denominada Equidad Tarifaria Residencial (ETR) modificará este componente para las tarifas BT1a (Baja Tensión) para que así la diferencia entre el promedio de las cuentas a nivel nacional y la boleta más alta no sea mayor al 10%.
Con esto, para un consumo promedio de 180 KWh (kilowatts hora) mensuales, la cuenta promedio del país bajará de $23.000 a $19.990, mientras que la "banda" de precios quedará en un rango entre $17.000 y $22.000, aproximadamente.
En el caso del Reconocimiento de la Generación Local (RGL), el descuento se establecerá para todas las tarifas reguladas -no sólo las que pagan los clientes residenciales- de las comunas intensivas en generación eléctrica, y el costo será asumido por aquellos clientes que residen en las comunas que no son consideradas como intensivas en la producción de energía. Acá, la autoridad estima que en las 59 comunas que realizan mayores aportes a la generación de energía, los precios caerán entre 2,54% y 19,6%.
Según datos de la CNE, las 10 comunas con mayor capacidad de generación instalada son: Mejillones (2.276 MW), Quillota (874 MW), Tocopilla (1.833 MW) , Puchuncaví (884 MW) , Coronel (911 MW), Huasco (666 MW), Antuco (906 MW), San Clemente (362 MW), Colbún (1.158 MW) y Santa Bárbara (466 MW).
LLAMADO A LICITACIÓN A FINES DE MAYO
La semana pasada la Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer las bases de la próxima licitación de suministro, para la cual realizará el llamado oficial a las empresas interesadas en participar el próximo 29 de mayo. El proceso contempla la subasta de 5 bloques de energía por un total de 13.750 GWh, en contratos que regirán por 20 años y deben ser suministrados a partir de 2021 y hasta 2040. En el intertanto, la autoridad también realizará un proceso de corto plazo durante este año, donde subastará unos 1.100 GWh, energía que deberá ser suministrada de manera inmediata una vez que se firmen los contratos.
A la fecha, más de 40 empresas han manifestado interés en participar del proceso. Entre ellas se encuentran la petrolera estatal Enap, la catalana Gas Natural Fenosa, Colbún, AES Gener, y generadoras renovables.
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