Pese a la existencia de un acuerdo político, que fue ampliamente destacado por el ministro de Energía, Máximo Pacheco, finalmente el proyecto de ley de licitaciones de suministro no verá la luz este año, como esperaba la autoridad.
La iniciativa, que fue aprobada la semana pasada en la Comisión de Energía y Minería del Senado, quedó para ser vista por la Cámara de Diputados en enero, luego que un grupo de parlamentarios solicitó más tiempo para estudiar los cambios introducidos en la Cámara Alta, los que resultaron en 17 indicaciones al texto legal, que fueron trabajadas en conjunto por los asesores de los parlamentarios y de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Fuentes señalan que el proyecto sería visto por los diputados en la sesión del 6 de enero, y que de no mediar cambios sería aprobado en su tercer trámite constitucional.
Luego de esto, y una vez que se convierta en ley, el gobierno deberá trabajar aceleradamente en la elaboración de bases de licitación que dará a conocer en marzo de 2015, tal como lo establece el cronograma de la Agenda de Energía. A partir de ese diseño la autoridad realizará una nueva subasta un año más tarde.
Este proceso buscará cubrir la demanda de energía de los clientes regulados del Sistema Interconectado Central (SIC) en la próxima década y también lograr la meta autoimpuesta por el gobierno, de bajar en al menos un 25% los precios de las licitaciones de suministro a partir de la próxima década.
Hace dos semanas la autoridad se anotó un éxito al lograr que se adjudicara el 92% de los 13.000 GWh subastados para los años 2016 al 2019, permitiendo de paso la llegada de dos nuevos actores de gran tamaño al SIC: el grupo franco-belga GDF suez, que ya anunció inversiones por hasta US$ 1.800 millones para cumplir sus contratos, y la estatal Electricité de France (EDF), que es socia del proyecto en base a GNL central Campesino.
Asimismo, el precio promedio de la licitación se ubicó en US$ 107 por MW/h, cerca de la meta plantea da por la autoridad, de US$ 105 por MW/h.
Entre los cambios que se introducirán está la duración de los contratos, que pasará de 15 a 20 años; regulación de los denominados suministros sin contratos y la forma en que estos serán tarificados; la postergación en los plazos de inicio de suministro o el término anticipado de los contratos, en caso que los titulares de proyectos nuevos tengan problemas no imputables a su responsabilidad para llevarlos adelante, entre otros cambios.
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