A pocas horas de que el directorio de HidroAysén, en que Endesa y Colbún decidirán si siguen adelante con acciones legales para impugnar el rechazo por parte del gobierno del permiso ambiental de este proyecto hidroeléctrico, el gobierno le puso un inconveniente adicional a la iniciativa.
Dentro del plazo establecido, ayer la Dirección General de Aguas (DGA) le entregó a la Contraloría General de la República la respuesta al imperativo que ésta le dio para pronunciarse respecto de la solicitud de derechos de agua adicionales en los ríos Baker y Pascua efectuada por HidroAysén y respecto de la cual, la sociedad espera una respuesta hace siete años.
El organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que tomó nota de los antecedentes que le entregó el Ministerio de Medio Ambiente, cartera que le solicitó "realizar las gestiones necesarias para eventualmente proceder a resguardar reserva de agua basado en razones de preservación del ecosistema y humedales de importancia nacional y regional".
Esta respuesta implica que el MOP resolvió la encrucijada en la que estaba y optaría por reservar los recursos hídricos solicitados por las eléctricas, utilizando una atribución extraordinaria que la ley le entrega al Presidente de la República -delegada en el titular del MOP- para rechazar solicitudes de derechos no consuntivos, amparado en circunstancias excepcionales o de interés nacional.
Acción de la Contraloría
Hace unos días el organismo encabezado por Ramiro Mendoza resolvió imponer a la DGA un plazo para pronunciarse sobre la petición de la empresa, que tras varios años de tramitación fue inicialmente aprobada en 2011 por las autoridades de la Dirección General de Aguas (DGA) del gobierno anterior.
Esta decisión fue posteriormente objetada por el organismo contralor, que detectó errores en su tramitación. La demora en la resolución de las discrepancias advertidas llevó a HidroAysén a solicitar este pronunciamiento que la entidad despachó el 14 de julio pasado.
Si bien en el sector privado reconocen que en estos momentos para HidroAysén sería irrelevante obtener esos recursos, considerando que su permiso ambiental fue anulado recientemente por el Comité de Ministros, que además rechazó el proyecto, sí destacan que para el gobierno este pronunciamiento no sería trivial.
En su momento, el abogado socio del estudio Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, explicó que tras la resolución de la Contraloría el MOP tenía dos alternativas para resolver. La primera era enmendar los reparos que hizo la Contraloría y entregar los derechos a la eléctrica.
HidroAysén pidió estos recursos adicionales en 2007, después que anunció la reducción de casi 40% en la superficie inundable del complejo hidroeléctrico proyectado en Aysén. Para lograr esto sin afectar la capacidad instalada (2.750 MW) ni los rendimientos esperados, era necesario sumar una quinta central y contar con esos derechos.
En el sector eléctrico comentan que si el gobierno opta por autorizar los recursos estaría en disonancia con el escenario negativo que esta millonaria inversión viene enfrentando.
Otras fuentes recuerdan que, aunque no habría argumentos técnicos para echar pie atrás en la determinación de 2011, eso tampoco estaría en línea con el discurso en torno a la no viabilidad del proyecto en la forma que está planteado, que la presidenta Michelle Bachelet utilizó a lo largo de su campaña electoral, y que posteriormente ha apoyado parte de su gabinete.
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