En medio de las dudas que ha despertado en la industria energética el proyecto de ley presentado por el gobierno para estabilizar las cuentas de electricidad, el que recibió la semana pasada indicaciones por parte del Ministerio de Energía, los gremios y empresas comienzan a tomar posiciones.
Luego de que la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Ana Lía Rojas, mostrara en El Mercurio su oposición al articulado, apuntando a que las empresas asociadas al gremio -entre ellas, Enel- consideran que la iniciativa legal es inviable, la eléctrica italiana salió a aclarar su postura frente al texto que busca evitar alzas en las cuentas de la luz en las próximas semanas.
“Aclaramos que no compartimos estas declaraciones y que la visión expresada por la directora ejecutiva de Acera no nos representa”, sostuvo Enel a través de una declaración pública.
Según explicó la empresa en un escrito, dijo entender que el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo busca impedir un alza en cuentas de energía que afecte a los clientes, especialmente los más vulnerables, condición que -aseguran- comparten.
Eso sí, agregó la eléctrica, “creemos que el proyecto debe ser perfeccionado para buscar una solución que permita a las empresas continuar con las inversiones requeridas para la transición energética y que a su vez proteja a los usuarios que más lo necesitan”.
Los ajustes a debatir
Tras el cuestionamiento de los senadores por no contemplar fondos estatales, pidiendo incluso citar al ministro de Hacienda para continuar la tramitación, el miércoles el gobierno presentó indicaciones al articulado. Estos seguirán siendo discutidos hoy en la comisión de Minería y Energía del Senado donde están invitados Acera, Sofofa y otros actores.
Entre los ajustes, se propone reemplazar al Coordinador Eléctrico por la Tesorería General de la República para la administración del fondo de estabilización, indicándose que el monto máximo a recaudar será de US$ 1.000 millones. Asimismo, se considera un aporte del Fisco por US$ 20 millones anuales por los próximos 10 años.
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