No necesitan ni quieren recibir ayuda especial, porque opinan que beneficiar a una tecnología o a un tipo de energía por sobre otras produce distorsiones, pero lo que sí esperan que la autoridad nivele las condiciones de mercado eléctrico para que todos los actores del sector puedan participar y desarrollarse.
Esa es la postura que defiende la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores de Energía, integrada por 13 empresas que pertenecen al segmento de operadores que tienen activos de generación en operación y potencia a nivel de control, es decir, pueden ser varias centrales- inferiores a 500 MW.
El presidente de este grupo, Sebastián Pizarro, explica que actualmente en este segmento se cuentan del orden de 80 empresas que en su conjunto representan una capacidad en torno a los 3.600 MW, lo que representa cerca del 20% de la capacidad instalada en el país. A juicio del dirigente, que a su vez es el gerente general de Emelda -firma de energía ligada a Ecomac, de la familia Mas- contrario a lo que se ha expresado en las últimas semanas, el mercado eléctrico nacional sí tiene competencia y que lo que se necesita es mantener las reglas del juego para el desarrollo de nuevos proyectos y de las condiciones comerciales y regulatorias que las empresas enfrentan una vez que concretan sus inversiones y entran al sistema. “Al comparar lo que había en Chile hace unos años con lo que tenemos hoy, la diferencia es importante porque pasamos de cuatro o cinco empresas de antes a un segmento donde hay 80. Eso para mí ya es una muestra de competencia y de interés por participar”.
En este punto Pizarro, añade que la preocupación de la autoridad no debería estar centrada en el ingreso de nuevos actores al negocio eléctrico, sino que sería más razonable dar condiciones adecuadas para que las empresas que ya están operando, en particular estas pequeñas, que en general tienen el problema de ser mono productoras y tener sus operaciones concentradas geográficamente, puedan concretar los proyectos que están interesadas en desarrollar.
El dirigente plantea que si bien las empresas más pequeñas tienen los mismos problemas que las grandes, las magnitudes son distintas, es decir, los cambios en las condiciones regulatorias, que generan sobrecostos en el sistema (como el traspaso de los contratos de la fallida Campanario), tienen una magnitud mayor, que incluso puede amenazar la solvencia de las empresas que representa.
Al igual que cualquier inversionista, añade, su sector requiere claridad en la forma en que se tramitan los proyectos y al mismo tiempo cómo se desarrollan los procesos de participación ciudadana. “los generadores chicos queremos hacer proyectos, queremos crecer y ser una contraparte más relevante respecto de los grandes”, dice.
Otros puntos fundamentales, son continuar con la mejora en la operación de los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) instancia donde el segmento que representa puede hacer valer su opinión. A ello agrega que es menester que la autoridad, en este caso la Comisión Nacional de Energía (CNE), “haga su trabajo”, en alusión a la tramitación de las materias regulatorias que tienen impacto comercial, como los decretos tarifarios y otros reglamentos relativos al sector, que sistemáticamente se han retrasado.
“En algunos casos estos retrasos, como sucede con los peajes de su transmisión, pueden implicar millonarias reliquidaciones que pueden amenazar la solvencia de los pequeños generadores o restarle interés a participar en esquemas de contrato”, puntualiza.
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