Reducir la exposición de los clientes regulados, entre los que figuran los residenciales, al costo marginal -al que se transa la energía en el mercado spot, factor que por diversas vías se ha visto reflejado en las cuentas de la luz en los últimos años- es uno de los ítemes que el gobierno incluyó en la reforma al sistema de licitaciones de suministro eléctrico.
Fuentes de gobierno explicaron que la corrección, que está contenida en la fórmula para cubrir un escenario en que una distribuidora se queda sin contrato, por ejemplo por la quiebra de la generadora que la abastece, también busca eliminar una barrera para la participación de nuevos actores en estas subastas, ya que les da más certeza sobre los costos que tendrían que asumir.
Según los cálculos de la propia autoridad, incluidos en el mensaje del proyecto de ley en trámite en el Congreso, entre 2008 y 2010 operó un sistema en virtud del cual todos los clientes regulados del Sistema Interconectado Central (SIC) cubrieron de su bolsillo la diferencia entre el precio regulado y el costo marginal, al que pagaban su energía las distribuidoras sin contrato. El costo de esta medida superó los US$ 1.500 millones, un monto suficiente para operar una central de 300 MW durante 25 años.
Lo que plantea el gobierno es que sean las propias generadoras que inyectaron y retiraron energía del sistema en las horas en que se produzca el déficit las que cubran dicho costo.
De esta forma, comentan fuentes de gobierno, también se buscaría desincentivar que las generadoras que tienen energía disponible no vayan a las licitaciones apostando a reservar parte de la energía con el objeto de vender más caro en el mercado spot, apostando a la aplicación de mecanismos como el que se busca erradicar.
Las transferencias de energía entre generadoras se valoran a costo marginal, indicador que representa la operación de la unidad menos eficiente del sistema.
En el sector privado, expertos han insistido en que la mejor forma de solucionar el tema sigue siendo utilizar el mecanismo de socialización del costo marginal, cuestión que no es compartida por la autoridad, que tiene la meta de reducir el precio de la energía.
Los desafíos
Conocedores del trabajo que está desplegando la Comisión Nacional de Energía (CNE) comentan que el anterior es uno de los puntos del proyecto de licitaciones que aparece como más desafiante.
Otro sería la “discrecionalidad” que se ha acusado desde el sector privado, derivada de las mayores atribuciones que se le dan a la CNE respecto de las subastas. En el gobierno descartan esta visión, pues este cambio sólo recogería una situación que de hecho se da, ya que la comisión visa las bases que elaboran las distribuidoras.
Un punto donde la autoridad no tendría la intención de ceder es en la petición de que el diseño de los concursos pueda ser impugnado ante el Panel de Expertos Eléctricos, pues esa ”no es la instancia para discutir políticas públicas”. Lo que sí consideran, dicen las fuentes, es un espacio previo de observación para que los actores de la industria se pronuncien sobre las licitaciones.
LOS PLAZOS DEL GOBIERNO
Proyecto aprobado en 2015
Una vez que el proyecto de ley sea aprobado en la Cámara de Diputados, lo que se espera que su- ceda en octubre, pasará al Senado. Fuentes de gobierno estiman que la iniciativa debería ser ley en enero del próximo año.
Reglamento y bases
En paralelo, la CNE estaría trabajando también en la elaboración preliminar del reglamento del cuerpo legal y también en la bases del proceso de licitación que se lanzará en marzo del próximo año, y se adjudicará en 2016 para comenzar la inyección en 2021.
Prueba de instrumentos
La licitación de unos 13.000 GWh entre 2016 y 2019 permitirá a la autoridad "testear" una serie de instrumentos incluidos en el proyecto de ley, como los bloques horarios para ERNC.
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