Jéssica Esturillo O.
Reforzar el monitoreo y la regulación de los mercados de hidrocarburos y eléctrico, es uno de los roles del Estado que el gobierno quiere reforzar a través de las medidas de la Agenda de Energía.
Para profundizar en este papel, por primera vez desde su creación -a fines de la década de los ‘70- la Comisión Nacional de Energía (CNE) accedió a los contratos que en forma directa las generadoras mantienen con los denominados clientes libres, es decir, los mayores consumidores eléctricos del país.
Si bien en esta categoría priman las empresas de la minería, también hay industriales (forestales, cementeras y otras). En total, considerando los registros de los organismos que coordinan la operación del sistema, a nivel nacional hay 102 clientes de este tipo.
La autoridad tiene los convenios en su poder desde el 16 de mayo, que fue el último plazo dispuesto para que las eléctricas los enviaran.
Compleja negociación
Conocedores del tema explican que la primera reacción de las eléctricas, tras conocer vía oficio la solicitud de la CNE, fue negativa, ya que los contratos constituyen una materia estratégica en términos comerciales y financieros.
Conocedores del sector dicen que revelar el precio u otras condiciones, como plazos o volúmenes de energía, no sería el punto más complejo tras la petición de la CNE, porque estos datos ya se los informan a instancias como los centros de despacho económico (CDEC) del sistema y la autoridad también los usa para construir indicadores como el Precio Medio de Mercado, que, precisamente, representa el promedio de los contratos de clientes libres.
Lo realmente complicado es que en este ejercicio de revisión quedarían al descubierto otros elementos de la relación comercial entre las generadoras y sus grandes clientes, como las fórmulas de traspaso de riesgos propios de la operación eléctrica o exposición al costo marginal.
Analistas del sector explican que este tipo de factores podrían dejar en evidencia el mayor o menor incentivo que un determinado generador tiene para que los costos marginales del sistema bajen.
Este punto es vital para el gobierno porque una de las principales metas de su plan es que al fin de su período este indicador, que representa la operación de la unidad menos eficiente del sistema en un momento determinado, se reduzca en un 30% (menos de US$ 105,96 por MWh al 2017).
Fuentes de la industria comentaron que la CNE logró su objetivo tras una negociación que no estuvo exenta de desencuentros y luego que el organismo les garantizó a las empresas el respeto de una serie de protocolos de confidencialidad y seguridad, que les garanticen la reserva de sus respectivas cláusulas.
Pese a que el acuerdo se logró tan sólo unas horas antes del plazo fijado para la entrega, posteriormente hubo algunos ajustes, ya que el período inicial de 10 días que las eléctricas le dieron a la CNE para la revisión se amplió a dos meses.
Fuentes del organismo comentaron que en su poder mantienen el 90% de los convenios, pues algunas generadoras pequeñas no acataron la solicitud y en otros casos fueron los clientes que se opusieron a que su proveedor participara en este inédito ejercicio.
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