Tomando las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y a menos de dos semanas que el organismo confirmara la necesidad de reformar el mercado del gas, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reestructura el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado a través de la desintegración completa del mercado, dividiéndolo en uno mayorista y otro minorista.
La presentación del articulado era esperada de forma transversal. Mientras aún las empresas afinaban detalles para presentar sus observaciones sobre el informe preliminar del estudio de mercado del gas que presentó la FNE, las firmas acudieron a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para plantear sus inquietudes sobre eventuales modificaciones legales.
Pero el texto siguió al pie de la letra lo recomendado por la FNE. Se apuntó a la desintegración completa del mercado mayorista respecto del mercado minorista. En este apartado estableció que los mayoristas- Abastible, Gasco y Lipigas- no podrán comercializar directamente al cliente final, sólo los minoristas podrán hacerlo. Las empresas actuales que participan en ambos mercados deberán elegir en cuál de estos permanecer y registrarse en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles como tales.
A esto se suma, entre otros aspectos, que no se permitirán contratos de exclusividad ni empresas relacionadas entre mayoristas y minoristas.
Así, se reafirmó la propuesta de prohibir que las tres empresas dominantes del mercado participen en la distribución de gas licuado a los consumidores.
Como segundo eje, se busca perfeccionar el mercado del gas natural de red, indicando los casos en que procede garantizar acceso abierto a redes. Se plantea la obligación de acceso abierto para gasoductos y terminales de GNL. Y, además, se extenderá acceso abierto a redes de distribución para abastecer a grandes clientes, negociado entre partes, pero con resolución de controversias en un Panel de Expertos.
Otro punto polémico que recoge el mensaje es corregir la situación de Metrogas y el contrato con su empresa relacionada. Cabe recordar que el papel de Metrogas y Aprovisionadora Global de Energía (Agesa) en el cálculo de los retornos que logra la sociedad, fue criticado por la FNE. Esto, porque si bien se impulsó una ley para reducir márgenes, Metrogas se dividió en medio del trámite legislativo y logró junto a Agesa ser la única en incrementarlos.
El texto agrega que se mantiene exigencia de licitaciones públicas supervisadas por la CNE para contratos de aprovisionamiento de gas entre empresas relacionadas y, para los contratos que existentes a la fecha, se establece que el chequeo de rentabilidad deberá considerar la rentabilidad resultante de todo el grupo económico verticalmente integrado.
"Tomamos las recomendaciones de la FNE e ingresamos un proyecto de ley robusto, que busca aumentar y mejorar la competencia, para bajar los precios de este servicio básico tan importante para las familias chilenas", comentó el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
Acotado espacio
Aunque en el Congreso hay consenso respecto a la necesidad de perfeccionar este mercado, el tiempo le juega en contra al proyecto ingresado por el Ejecutivo.
El texto aterrizaría en la comisión de Minería y Energía de la Cámara, pero ahí ya hay distintas iniciativas que ha presentado el Ejecutivo. Consultado, el presidente de la instancia, Esteban Velásquez, explica que hay un acuerdo con el gobierno para trabajar en el proyecto de almacenamiento de energía eléctrica, por lo que este miércoles se retomará y la idea es que el lunes se vote en general.
"En lo personal, como presidente, lo voy a colocar en tabla porque son proyectos que nos interesan y que van a impactar en los usuarios especialmente", dice, agregando que "le vamos a dar toda la celeridad que nos permita el tiempo".
Aunque los tiempos son estrechos, dice que el próximo miércoles se podría dar una posibilidad para iniciar su discusión.
Mientras, el diputado e integrante de la instancia, Juan Luis Castro, indica que este miércoles probablemente se abordará el futuro del texto. Pero recalca: "Es prioridad dentro de la comisión abordar el tema del gas, así que no me cabe duda que esto va a tener una priorización bastante clara en el trámite legislativo".
El texto deberá tener un paso en la comisión de Hacienda al contar con informe financiero. Según este último, el proyecto tendrá un costo fiscal de $ 420 millones en el primer año y de $ 425 millones cuando entre en pleno régimen.
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