A tres semanas desde que la presidenta Michelle Bachelet diera a conocer los alcances generales del proyecto de ley de fortalecimiento de la libre competencia, las dudas del mercado comienzan a despejarse.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, informó hace unos días ante la comisión de Economía de la Cámara de Diputados los detalles de uno de los pilares de la iniciativa: el control preventivo de los procesos de fusión entre empresas.
Según la propuesta del gobierno, basada en las recomendaciones de la OCDE sobre la materia y el análisis de la experiencia de 36 países, establece que todas las operaciones que involucren a empresas cuyas ventas individuales en el ejercicio anterior superen "umbrales" mínimos de US$ 14 millones deberán ser consultadas ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo que evaluará la eficiencia y los riesgos anticompetitivos de las operaciones.
En la actualidad este proceso es voluntario y las empresas pueden solicitar la opinión a este organismo, aunque terceros o el propio organismo pueden presentar requerimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para la revisión de una operación en particular. También la FNE ha alcanzado acuerdos extrajudiciales en algunos casos.
A la fecha y desde su creación en 2004, el TDLC ha analizado doce operaciones de fusión, como los casos de D&S con Falabella y SMU con Supermercados del Sur, mientras que la entidad que encabeza Felipe Irarrázabal ha alcanzado acuerdos extrajudiciales en cuatro ocasiones entre las que se mencionan Nestlé con Pfizer y Abott con CFR.
El proyecto establece que en las operaciones donde las ventas conjuntas de las firmas involucradas superen los US$ 83 millones en el ejercicio anterior también pasen por la revisión de la FNE. Estos umbrales quedarán definidos en el reglamento de la ley y la intención de la autoridad es ajustarlos en la medida que sea necesario.
Discusión técnica
Fuentes de Economía explicaron que estos umbrales se fijaron tras una discusión técnica que incluyó a la propia FNE y que consideró también la experiencia de países como España, Alemania, Brasil, EEUU, Italia, Japón y Suecia.
Consultado por el tema, el fiscal Irarrázabal, señaló que "eso tenemos que mirarlo más en detalle. Este punto es delicado. Lo que puedo decir es que hay que mirarlo y los estándares tienen que ser montos suficientemente importantes para que, efectivamente, las operaciones menores o más que menores no deban pasar por este costo administrativo".
Según las estimaciones de Economía, y de nuevo, de acuerdo a la experiencia internacional, con los umbrales definidos, el número potencial de operaciones de fusión que deberían ser consultadas se movería en rangos de 46 a 60, aunque con números más cercanos a 50.
Luis felipe céspedes: "Este sistema hará que los procesos sean más eficientes y transparentes"
-¿Qué ventajas tiene establecer umbrales para las operaciones de fusión?
-Según el estudio realizado por la OCDE, nuestro sistema carece de transparencia y predictibilidad por lo que establecer estos umbrales para los procesos de fusión o concentración de mercado hace que ellos sean más eficientes y transparentes. Chile no tenía un régimen específico para este tema y los umbrales dan mayor certeza.
-¿Cómo se llegó a la definición de este número?
-La propuesta de umbrales que realizamos da un marco claro para un sistema de operación y recoge las recomendaciones de la OCDE. Se revisaron casos internacionales y había distintos umbrales dependiendo del nivel del PIB de cada país.
El reglamento establecerá un estándar de umbrales adecuado para nuestra economía y tendremos flexibilidad para revisarlo.
-¿Esto ayudará a mejorar la situación actual?
-El sistema carece de transparencia y el control preventivo de las fusiones busca resguardar la libre competencia. Esto agregará más transparencia. El proyecto establece que la FNE tiene el expediente de 25 días para realizar las investigaciones de estas fusiones y 90 días para aprobar o rechazar las operaciones
-¿Esto podría recargar el trabajo de la FNE y del TDLC?
-En el caso de la FNE, habrá más trabajo, y esto se reconoce en el presupuesto, no así para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
María Elina Cruz: "Se podría distraer al TDLC y a la FNE de temas como la colusión"
-¿Conviene controlar las fusiones a través de estos mecanismos?
-Creo que es bueno tener una notificación pre-fusión porque hay mucha inseguridad jurídica de otra manera. El problema de esto es que el trabajo del TDLC puede basarse en puras operaciones de concentración y eso es un peligro que se ha producido. En la UE hasta el 2003 se veían sólo operaciones de concentración, dejando de lado la colusión y los abusos de posición dominante.
-¿Esto puede recargar el trabajo del TDLC y la FNE?
-Puede recargarlo y, además, con resultados negativos. La experiencia internacional señala que cada año se revisan varias fusiones, pero las que no se dejan pasar, si es que existen, son una o dos, de una revisión de mil fusiones, por ejemplo. Las estadísticas son desalentadoras en este sentido. Al ver el costo beneficio, esto no tiene que distraer al tribunal de temas como el abuso de posición dominante o la colusión, que son más importantes.
-¿Se podría distraer a los entes de estos casos?
-Sí. A la FNE en primer lugar y luego al TDLC, porque hay recursos limitados. Tienen que haber herramientas para poder llevar esto de buena manera. Para los abogados y economistas es la mejor noticia del mundo.
-¿El umbral es alto o bajo?
-No creo que haya umbrales altos o bajos, lo que me parece bien es que haya un número determinado que tiene que ser capaz de captar las operaciones más importantes.
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