Endesa Chile y Colbún, socios en HidroAysén, no se dan por vencidos y hace unos días recurrieron a la Justicia para impugnar los decretos que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dictó para denegar parcialmente los derechos de agua adicionales en los ríos Baker y Pascua, que la empresa presentó hace más de siete años.
A inicios de esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite los dos recursos de reclamación presentados por la sociedad.
Además, le dio un plazo de quince días al titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Carlos Estévez, para que evacúe un informe respecto de las mencionadas resoluciones, que fueron emitidas a mediados de enero pasado y publicadas en el Diario Oficial a principios de febrero.
La compañía, que es representada por el abogado Eugenio Evans, pide que el tribunal de alzada deje sin efecto la decisión del MOP, que usando una facultad presidencial, contenida en el artículo 147 bis del Código de Aguas, decretó la reserva hídrica de caudales en ambos ríos, basada en la existencia circunstancias excepcionales y de interés nacional.
Junto con acusar un actuar arbitrario e ilegal por parte de la autoridad, que incluso infringiría artículos de la Constitución, HidroAysén asegura que no correspondía aplicar la mencionada facultad.
"Invocando intereses medioambientales y turísticos, los que ciertamente escapan a su competencia (y que por lo demás no concurren), la DGA -en el informe que emitió para fundar el decreto- pasó por alto que ella misma había rechazado todas las oposiciones deducidas por terceros en los expedientes, concluyendo que las solicitudes no generaban perjuicios", dice la empresa.
Respecto del argumento del interés nacional que la petición de la eléctrica afectaría, la empresa menciona un pronunciamiento de la Contraloría, que a fines de 2014, desestimó esta tesis y ordenó resolver las solicitudes.
Añaden que la importancia del desarrollo del turismo de intereses especiales, que la empresa entiende como pesca con mosca y rafting, corresponde en realidad a actividades enfocadas a personas de mayores recursos, lo que constituirá un interés particular o local y no nacional, como exige el artículo que la autoridad invocó, con lo que no sería causa suficiente.
También plantean que "tras siete años de demorada y trabada tramitación, de forma sorprendente y sin audiencia al solicitante, la autoridad administrativa decidió valerse del mecanismo excepcional", denunciando al mismo tiempo que los decretos no fueron sometidos al trámite de toma de razón ante la Contraloría.
Tras la anulación por parte del Comité de Ministros del permiso ambiental del proyecto HidroAysén, que contempla cinco centrales hidroeléctricas en la Región de Aysén, la empresa declaró que se concentrarían en la obtención de estos derechos, que ellos consideran activos de éste.
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