La crisis de Enel se agudizó el viernes cuando el proceso de caducidad de su concesión avanzó a una segunda fase, lo que implica que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) preparará un informe técnico que será enviado al Presidente de la República. Si bien diversos actores intentan descifrar lo que viene a partir de la Ley General de Servicios Eléctricos, ante la falta de precedentes en el sector en procesos de este tipo, el Gobierno mira y tiene como referencia el sector sanitario, donde hay experiencia e incluso un caso activo.
Desde la SEC, explican que no tienen antecedentes de informes técnicos dentro de procedimientos de caducidad de concesiones que se hayan desarrollado en la historia de la institución. Si bien se ha recordado el caso de Empresa Eléctrica Casablanca (Emelca), recalcan que fue una quiebra y no un caso de caducidad de concesión. “Luego de la declaración de quiebra de la empresa, se traspasaron vía licitación pública todos sus activos a una nueva compañía que se hizo cargo de las operaciones”, detallaron.
Fuentes comentan que la regulación de servicios sanitarios es muy similar a la eléctrica en materia de caducidad, por lo que se recogen casos de este sector. El viernes por el caso de Enel, respecto a la etapa del informe, el ministro de Energía, Diego Pardow, comentó que “los plazos que uno observa en los expedientes de caducidad llevados anteriormente en el caso de empresas sanitarias duraron entre seis y 18 meses”. En esa referencia, se tomó la experiencia de los casos de Essal y Aguas Quepe.
Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), en su historia se han iniciado siete procesos de caducidad de concesión, uno de ellos está en desarrollo. Este último es el caso de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro (Esssi) en Los Molles. Tras finalizar la investigación ordenada en junio de 2023, producto de recurrentes suspensiones del suministro y deficiencias en la calidad de servicio hacia sus más de 1.300 clientes en los últimos años, el 19 de abril de este año la SISS resolvió abrir un expediente de caducidad a las concesiones sanitarias de la firma.
El primer caso en el historial fue Aguacor en septiembre de 2003 se le caducó la concesión luego de constatarse deficiencias en su servicio. Mientras, el más emblemático fue el masivo corte de agua que afectó por casi 10 días a Osorno en 2019. Después de un año y medio de análisis, en junio de 2021, la SISS decidió no quitarle la concesión a la sanitaria Essal. En el intertanto, en octubre de 2020 Algonquin adquirió el 51% de las acciones de la compañía a Aguas Andinas, transformándose en la nueva matriz de Suralis.
Otro caso fue el 6 de enero de 2022 cuando se declaró la caducidad de las concesiones sanitarias de la empresa Aguas Quepe como consecuencia de graves y reiterados incumplimientos a la normativa sectorial, que impactaron en las condiciones del servicio suministrado. La SISS designó un administrador provisional para operar la concesión mientras se desarrollaba la licitación.
Similar a lo que sucede en el sector eléctrico, en el caso relatado, previamente, en diciembre de 2021, la SISS envió al MOP del informe técnico que consignaba los reiterados incumplimientos. Se apuntó a incumplimientos respecto de los niveles de calidad del servicio, tanto incumplimientos normativos de presión en las redes, continuidad de servicio de agua potable, entre otros.
Chilquinta se suma a procedimiento con el Sernac para compensar a clientes
Tal cual lo anunció el martes CGE, ayer Chilquinta Distribución -cuyo dueño también es la china State Grid- informó que decidió sumarse al Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) solicitado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), para buscar un acuerdo para los clientes afectados por cortes de suministro eléctrico el 1 de agosto. Eso sí, como fue la tónica de CGE, Chilquinta dijo que, aun cuando la firma acoge los reclamos y requerimientos de sus usuarios, “también considera relevante tomar en cuenta que estos cortes se dieron en una condición climática anormal, en la que se registraron vientos superiores a los 80 kilómetros por hora en la zona de concesión”. Esto, añadió, “trajo como consecuencia un impacto relevante en la caída de 343 árboles sobre la red y 1.955 en los alrededores que afectaban nuestra infraestructura, dificultando el acceso a los puntos de falla”. Y aseguró: “Entendemos las molestias ocasionadas a los clientes (...), sin embargo, la necesidad de reconstruir una cantidad relevante de instalaciones destruidas obstaculizó que los trabajos se realizaran en menos tiempo”.
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