Las buenas relaciones entre la catalana Gas Natural Fenosa (GNF) y el gobierno parecen haber llegado a su fin después de que ayer la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) rechazara el recurso de reposición que presentó Metrogas por el cambio de criterio aplicado por el regulador respecto de la forma en que la firma contabiliza las conversiones en sus balances.
La distribuidora controlada por CGE (51%), ligada a su vez a GNF, anunció que recurriría a instancias judiciales nacionales para impugnar la resolución.
"Metrogas facilitará a sus accionistas los antecedentes necesarios para que puedan estudiar, en su caso, la defensa de sus derechos ante las instancias nacionales e internacionales pertinentes", añadió la empresa, dando luces de su intención de escalar este enfrentamiento.
Metrogas dijo que la decisión de la SVS genera un grave precedente de inequidad e incertidumbre patrimonial, financiera y regulatoria con alcances aún no dimensionados y con efectos retroactivos.
La disputa comenzó en octubre pasado, cuando la Comisión Nacional de Energía (CNE) cuestionó la rentabilidad de la firma en 2012 y 2013. Durante ese chequeo, tanto esta entidad como el propio Ministerio de Energía cuestionaron que las conversiones, esto es la adecuación de los artefactos en los hogares, como calefones y cocinas, para el uso del gas natural, fueran considerados por ésta como parte de sus activos. A juicio de la autoridad estos debían tener el estatus de gasto de comercialización propio del negocio.
Este criterio fue reafirmado ayer por la SVS en un documento de diez páginas, lo que obliga a la firma a reformular sus estados financieros, y también afectaría, aunque en menor medida, a las sociedades aguas arriba de ésta, vale decir a las empresas que son sus accionistas: Gasco Copec y Trigas, incluso a la matriz CGE.
Los argumentos del regulador apuntaron a que Metrogas "no fue capaz" de demostrar que las conversiones son un desembolso necesario para su negocio: la distribución de gas por redes.
Además, indicó que la misma firma contempla que este proceso pueda ser realizado por terceros, y pagado en parte o totalmente por el usuario final.
"La decisión de Metrogas de asumir el costo de este servicio sin cobrar un precio puede ser considerada como una estrategia comercial", dijo la SVS.
Las conversiones representan casi un tercio de los activos declarados por Metrogas en sus estados financieros de los últimos dos años, con valores en torno a los US$ 330 millones.
Dependiendo cómo se contabilizan, estos influyen en la rentabilidad de la empresa.
Discriminación
La distribuidora dijo que la decisión es discriminatoria, pues no afecta a las otras empresas del sector ni de otras áreas productivas.
Añadió que va en contra de la forma en que las conversiones se contabilizan a nivel internacional, y que fue sostenida por las cuatro auditoras (EY, KPMG, PwC y Deloitte) que elaboraron informes para su defensa.
Al respecto, el ministro de energía, Máximo Pacheco valoró la decisión del regulador financiero y sostuvo que esto no afectaría las inversiones. "La CNE y el ministerio, cuando se trató este tema, dijimos claramente que para determinar la máxima rentabilidad permitida para las empresas de gas se debía excluir las conversiones porque esto formaba parte de los gastos de promoción en que las empresas habían incurrido cuando trataron de convencer a la gente que se cambiara al gas por cañería", dijo el secretario de Estado.
Regulación del gas: Pacheco abierto a cambios
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, insistió ayer ante diputados de la Comisión de Minería y Energía en que los precios que se pagan por el gas a nivel residencial en Chile son de los más altos del mundo.
La autoridad puso como ejemplo que a nivel local el hidrocarburo tiene valores de entre US$ 32 y US$ 66 por millón de BTU (unidad térmica británica), mientras que el costo de compra, dijo, estaría en torno a los US$ 7,2 por millón de BTU.
Consultado, el secretario de Estado indicó que el gobierno está abierto a realizar modificaciones al proyecto, esto frente a los cuestionamientos del sector privado sobre los plazos para recuperar las inversiones en el sector que quedaron plasmados en el texto de la normativa, que ayer comenzó su trámite en el Congreso.
"Nuestro objetivo es tener una buena ley. Se ha hecho un buen trabajo prelegislativo, y obviamente vamos a estar siempre abiertos a incorporar cualquier recomendación o sugerencia que vaya en la buena dirección de tener una ley que proteja a los consumidores y promueva la inversión", puntualizó.
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