Quince meses demoró la Superintendencia de Medioambiente (SMA) en finalizar la investigación y sancionar a Endesa por incumplimientos ambientales registrados en el complejo termoeléctrico Bocamina, ubicado en Coronel.
Ayer, la autoridad ambiental aplicó una multa total de 8.640 UTA (Unidades Tributarias Anuales) a Endesa, unos US$ 7,6 millones, tras confirmar siete infracciones a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la segunda unidad, entre ellas la de superar los límites de emisiones atmosféricas de CO2 en la primera unidad y la falta de un sistema de abatimiento de las mismas; desarrollar actividad sin contar con RCA vigente; incumplir la norma de emisión de ruidos; no entregar de forma oportuna información a la autoridad; y la falta de medidas para evitar la succión masiva “de recursos hidrobiológicos a través del sifón de refrigeración de Bocamina Segunda Unidad”.
Asimismo -el dictamen, de 110 páginas- absolvió a la firma respecto del cargo de no contar con un sistema de descarga de residuos líquidos del mencionado ducto, que debía internarse 30 metros en el mar, en base al principio jurídico de no sancionar a una firma dos veces por el mismo hecho.
Cristián Franz, titular de la SMA, destacó que la sanción aplicada fue producto de un proceso de fiscalización iniciado en 2013.
“En este caso, la inspección ambiental surge del Programa de Fiscalización 2013 al que se han añadido denuncias presentadas por numerosos actores y que nos han permitido detectar diversos incumplimientos tanto leves como graves y gravísimos a la normativa ambiental vigente en Chile, incluyendo a la RCA con que cuenta el proyecto”, dijo Franz.
Asimismo, ayer la SMA absolvió a Colbún de los cargos que había levantado en contra de la central Santa María, ubicada en esta misma zona.
Proceso de sanción
El proceso comenzó en mayo del año pasado, tras una denuncia del senador Alejandro Navarro y representantes de las comunidades. En septiembre Endesa presentó un programa de cumplimiento, que fue rechazado en octubre. En noviembre la SMA reformuló cargos a la compañía, cerrando la investigación a fines de julio.
Para Endesa, el caso con la SMA no está cerrado. La firma puede impugnar la multa, mediante el recurso administrativo de reposición, ante la propia SMA, para lo cual tiene cinco días hábiles a partir de la notificación oficial -lo que sucedería en los próximos días.
También puede recurrir con un reclamo de ilegalidad ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, para lo cual tiene quince días hábiles. En caso que decida pagar la multa ante la Tesorería General de la República, la eléctrica podrá descontar el 25% de ella.
Bocamina también enfrenta otra arista judicial. La central está paralizada desde mediados de diciembre de 2013 por una orden de no innovar emitida por el tribunal de Concepción, la que fue ratificada por la Corte de Apelaciones. Hace dos semanas la causa se alegó en la Tercera Sala de Corte Suprema, quedando el fallo en acuerdo, por lo que se estima que en las próximas semanas se daría a conocer la resolución final.
Los cargos de la SMA
Siete incumplimientos detectó la autoridad.
Desarrollar actividades si contar con RCA.
Superar los límites de emisión de CO2 en Bocamina I y falta de sistema de desulfuración.
Vulnerar la norma de ruidos y falla en los cierres acústicos perimetrales de la central.
Incumplimientos respecto de la entrega de información requerida por la SMA.
No contar con medidas para evitar la succión de recursos hidrobiológicos.
HidroAysén: Endesa y Colbún habrían pospuesto apelación
Hasta fines de agosto Endesa y Colbún, los socios de HidroAysén, habrían pospuesto la decisión de apelar ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia la decisión del Comité de Ministros que a mediados de junio invalidó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto hidroeléctrico.
Ayer, el directorio de la firma -que es presidido por Joaquín Galindo, gerente general de Endesa- sesionó por más de dos horas en las oficinas de Colbún. Fuentes señalan que las firmas tienen puntos de acuerdo respecto del futuro del proyecto, como que es necesaria la definición de una política de cuencas por parte del Estado y la defensa de la validez de los estudios ambientales, pero que aún no llegan a acuerdo sobre las implicancias de continuar por la vía legal la defensa del proyecto.
En el caso de Endesa, las consideraciones tendrían relación, por un lado, con los problemas que enfrentan con la central Bocamina, y también con el mensaje enviado por el CEO de Enel, Franceso Starace, respecto de que la eléctrica no llevaría adelante un proyecto que es rechazado por el país. En el caso de Colbún, consideran que de no agotar todas las vías legales para defender el proyecto, la compañía podría verse expuesta a acciones ante la justicia por parte de accionistas minoritarios disconformes con la pérdida que debería asumir la firma al desechar el proyecto, ya que hasta ahora la iniciativa ha demandado inversiones por unos US$ 320 millones.
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